S.O.S. desde las ONG

Cuando ocurrió el fatídico atentado de las Torres Gemelas, Luis Rojas Marcos era director del sistema público sanitario de Nueva York. Meses después de aquel trágico acontecimiento realizaba la siguiente declaración: «El impulso de ayudarnos unos a otros en momentos difíciles no es nada nuevo. Gran parte de nuestra historia está escrita con sangre y no es razonable pensar que la humanidad hubiera podido sobrevivir a tantas hecatombes y violencias sin una dosis abundante de solidaridad».

Partiendo de este pensamiento de nuestro ilustre paisano vamos a situarnos en las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo, cuando las drogodependencias irrumpieron en nuestras poblaciones creando un ambiente social dramático. Entonces surgieron un gran número de asociaciones de voluntarios motivados por la solidaridad de familiares y amigos de los afectados, o bien de personas que conscientes de la gravedad de la situación quisieron ayudar a los enfermos toxicómanos, dando lugar a la creación de una especie de 'red araña' por toda nuestra geografía, que en gran medida contribuyó a paliar los efectos de aquella gigantesca marabunta.

Las administraciones públicas, desbordadas por la magnitud del problema, no dudaron en apoyar a aquellas iniciativas como solución inmediata, eficaz y con unos costes económicos muy reducidos; las relaciones bilaterales administración-voluntariado fueron muy cordiales y fluidas, dando origen a una serie de convenios de mutua colaboración para potenciar las redes de recursos asistenciales destinadas a prestarles un servicio integral a las personas con problemas de drogodependencias.

La década de los años 90 fue la época dorada de aquellas relaciones que dieron un resultado extraordinario, proliferando las construcciones de estos centros sociales con vocación de servicio público; incluso comenzaba el nuevo siglo aprobando el Parlamento Andaluz la Ley 7/2001 del Voluntariado, prevista para dotar de un instrumento institucional las referidas relaciones, con un contenido que aportaba estabilidad y garantías de continuidad a los recursos establecidos al amparo de aquellos convenios ; sin embargo la mencionada Ley solo la conocemos ahora unos cuantos nostálgicos de aquella época reciente. Ha transcurrido tan solo una década y aquellas halagüeñas perspectivas se han tornado en lamentable realidad por obra y gracia de unos políticos que han confundido vocación con profesión, servicio público con paternalismos y beneficencia y participación ciudadana con un acatamiento sumiso a sus «genialidades» asumiendo responsabilidades que corresponden a los funcionarios especializados que son los que en realidad pueden darle continuidad y consistencia a los proyectos.

En toda esta controversia lo que está en juego es una forma de entender el ejercicio del poder, la concepción del espacio público, que debe estar mucho más vinculado a los ciudadanos. En un modelo moderno de participación, las 'autoridades' no pueden convertirse en administradores exclusivos del monopolio de la legitimidad pública, el marco donde se producen hoy las políticas locales debe estar concebido como un campo donde compartir las responsabilidades, decisiones y los recursos; en todo ello deben estar presentes, junto a las administraciones, entidades, usuarios e incluso familiares. Lo lamentable es que esta forma de entender la utilización del espacio público estaba muy asumida en la sociedad y en la última década hemos experimentado un retroceso que es inadmisible.