Crítica tardía

La renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC), con la incorporación de los cuatro magistrados designados por el Senado en sustitución de otros tantos, incluida su hasta ahora presidenta María Emilia Casas, fue ayer el momento elegido por ésta para despedirse del cargo con una acerada crítica a las controversias políticas que han acompañado la trayectoria del Alto Tribunal durante el último período y a la incapacidad de las Cortes para cumplir con la previsión constitucional de que un tercio de sus integrantes se renueve cada tres años. Las fuerzas parlamentarias -en especial el grupo que sostiene al Gobierno y el primero de la oposición- no cuentan con razones para justificar la mezcla de desidia y de confrontación partidaria que les ha llevado a supeditar la preceptiva renovación del Constitucional a sus particulares intereses. El hecho resulta aun menos admisible dado que la despiadada pugna protagonizada durante los últimos años por las principales formaciones políticas requería salvar cuando menos la credibilidad del TC a la hora de pronunciarse sobre cuestiones tan cruciales para el Estado constitucional como el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña. Pero siendo justo el reproche lanzado por María Emilia Casas, resulta sorprendente que haya esperado a su relevo para referirse tan críticamente a una situación respecto a la que ni ella ni los demás magistrados del Alto Tribunal se han querido pronunciar antes aun a sabiendas de que la situación de interinidad y en la que se encontraban cuestionaba seriamente su autoridad. En su discurso, la ya expresidenta del TC realzó la independencia de los magistrados que conforman el citado órgano, afirmando que únicamente se deben a su criterio jurídico y a su conciencia. Sin embargo esa independencia no ha debido ser suficiente como para que se enfrentasen a la anomalía generada por la renuencia partidaria a renovarles puntualmente exigiendo sin reservas la actualización constitucional del Alto Tribunal. El hecho de que la responsabilidad fundamental a la hora de renovar el TC competa a los grupos parlamentarios -ahora concretamente a los del Congreso- no exime a los magistrados del mismo de adoptar aquellas iniciativas institucionales que pudieran favorecerlo.