Los sindicatos aceptarían la jubilación a los 67 dentro de un gran pacto económico

El pacto sobre las pensiones es posible. Los sindicatos pueden asumir los 67 años como edad de jubilación, pero con condiciones. Entre ellas, que su aplicación no sea general y forme parte de un amplio acuerdo que contemple contrapartidas en el mercado laboral e incluya capítulos de la política económica como el energético y el industrial. Es el reto que CC OO y UGT han lanzado al Gobierno, a la patronal CEOE y al PP. Se trata de impulsar un gran pacto, que alejaría el fantasma de otra huelga general, para acelerar la reactivación y recuperar la confianza internacional. Si no se adopta un acuerdo de ese calado, las centrales no están dispuestas a tragarse el sapo de una reforma que supone un recorte de prestaciones a largo plazo.

El pasado lunes era el secretario general de Comisiones quien lanzaba su apuesta por un amplio consenso sobre las reformas, y ayer era la federación más importante de UGT, la de industria y construcción, que dirige Manuel Fernández 'Lito', la que mostraba su apoyo a la «línea estratégica de negociación con el Gobierno», tras una reunión en Bilbao de sus cuadros, que expresaron su respaldo a la iniciativa. El objetivo: «un pacto global que garantice la cohesión social, el futuro de las pensiones y la recuperación económica», apuntaba la organización. Fuentes conocedoras de la negociación sostienen que la idea no es de esta semana. Sindicatos y Gobierno han mantenido contactos muy discretos desde diciembre, en los que han acercado algunas posiciones sobre los cambios en el sistema de pensiones, el principal escollo. Fruto de esas conversaciones, añaden, ha sido el diseño de un proceso en el que las modificaciones sean aplicadas de una forma paulatina para llegar a una completa a finales de la década de los veinte.

Pero el acuerdo no ha sido posible aún. Hay diferencias que podrían ser solventadas facilitando amplias excepciones a la norma general de los 67 años y ralentizando el ritmo de aplicación de las reformas, tal como las plantea ahora el Ejecutivo: jubilación a los 67; entrada en vigor de la reforma plena en 2027; 37 años de cotización para tener derecho a la pensión completa, jubilación a los 65 para los que tengan 41 cotizados; elevación de 15 a 25 años del periodo de cómputo; o mantenimiento, aunque de manera más estricta, de la jubilación parcial por contrato de relevo.

Uno de los capítulos donde hay más diferencias es el de los colectivos que puedan jubilarse antes de la edad legal. Ya existen varios -mineros, marinos, bomberos...-, que los sindicatos quieren ampliar al sector de la construcción y actividades tóxicas. Las fuentes consultadas indican que mientras CC OO y UGT quieren que para ese segmento el retiro a los 60, el Gobierno propone los 65. En este proyecto de acuerdo, los sindicatos se han atribuido la tarea de convencer a la patronal de la necesidad de dar un giro en su estrategia de 'lobby', aplicada en el mandato de Díaz Ferrán, y ya han mantenido contactos «que van por buen camino» con la dirección de la CEOE que comanda Rosell. La patronal, precisan, sabe que la 'marca España' no vende ahora en el exterior y ello dificulta la financiación a las empresas.

Contrapartidas

La implicación del PP en el pacto correrá a cargo del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, encargado de engrasar la intensa negociación con los sindicatos durante la última semana. Algunos indicios apuntan a que habría una corriente en el principal partido de la oposición favorable a este pacto.

Pero para aceptar la jubilación a los 67 y el resto de medidas de reforma de las pensiones -con las condiciones que ponen-, los sindicatos piden contrapartidas claras tanto a la patronal como al Ejecutivo. Por ejemplo, la utilización de los reglamentos para suavizar las partes más duras de la reforma laboral dictada en junio. Además, en el cambio pendiente de la negociación colectiva, consideran «sagrado» mantener la aplicación de los convenios una vez que han cumplido su vigencia. Y ayudaría también la anulación de la congelación de las pensiones de este año. Respecto a la política energética, exigen un pacto que dé estabilidad de precios y que estos sean «competitivos». También en la política industrial tienen sus condiciones: una actuación de Estado «integral, activa y coordinada», con medidas que impliquen desde una fiscalidad y precios energéticos adecuados a infraestucturas suficientes, formación... Y ponen como ejemplo el impulso a la competitividad en la industria del automóvil.