El proyecto para una muerte digna se aprobará en marzo

El Gobierno tiene previsto aprobar en el mes de marzo una ley de muerte digna que regulará el derecho de los enfermos terminales «a morir sin dolor», según adelantó el vicepresidente primero del Ejecutivo y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La nueva normativa se llamará Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna y reglamentará la situación en la que quieren morir aquellas personas con una enfermedad incurable, clínicamente desahuciadas. «Cuando alguien se encuentra en un escenario terminal y lo que le espera por delante es un calvario, la medicina tiene mecanismos para que esa muerte, que es inevitable, se produzca dignamente; es decir, sin sufrimiento y sin dolor», manifestó el vicepresidente primero.

«No es una ley de eutanasia», matizó Rubalcaba. El diccionario de la Real Academia Española define eutanasia como «toda acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él». Rubalcaba lo definió con sus propias palabras: «La eutanasia es una decisión de alguien que, sencillamente, por la razón que quiera, porque está enfermo, decide morirse». Actualmente la eutanasia solo es legal en Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

La nueva ley, que tras su aprobación por el Ejecutivo tendrá que superar los pertinentes trámites parlamentarios, regulará el marco de actuación entre familiares, médicos y enfermos que ingresen en el hospital. A juicio de Rubalcaba, Francia es un país «modélico» en esta materia. El vicepresidente, quién calificó la nueva normativa como «muy importante», está convencido de que será comprendida y admitida «por todo el mundo».

Para reafirmar sus argumentos aludió a una situación personal que ha tenido que afrontar recientemente: «Cuando alguien en el pasillo de un hospital recibe a un médico que le dice que un familiar, su madre, o su hermano, o su mujer, está muy mal, que se muere irremediablemente, y lo que es peor, nos tememos que lo va a pasar muy mal, el familiar le va a poder consultar al médico para que evite ese dolor». Andalucía ya dispone de una regulación legal sobre los enfermos terminales. Fue la primera ley de muerte digna vigente en nuestro país. La aprobó el Parlamento andaluz el pasado mes de marzo. En aquella ocasión el PP votó a favor, pero con la salvedad de que se incluyera una cláusula para la objeción de conciencia por parte de los médicos, un debate que ha vuelto a reabrirse.

Puerta de atrás

Las asociaciones Derecho a Vivir y el Foro de la Familia han criticado la medida al entender que esta ley «intenta colar la eutanasia por la puerta de atrás». En opinión del presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, se trata de una ley que «defiende la muerte en lugar de la vida». Su respuesta, en lo tocante a este asunto, es la de «tolerancia cero».

En el extremo opuesto se ha pronunciado el presidente del Comité Científico Internacional de Bioética, Marcelo Palacios. Para este experto el Ejecutivo se ha quedado corto: «La ley debería abordar también la eutanasia y el suicidio asistido». Por su parte, la asociación Derecho a Morir Dignamente calificó la ley de «electoralista». La normativa, en opinión de su portavoz, César Caballero, no supone ninguna novedad. «Lo eficaz sería avanzar hacia la despenalización del suicidio asistido, pero el Gobierno se niega a hacerlo», añadió.

Finalmente, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cree que la nueva ley es «absolutamente necesaria», puesto que «garantizará esta cobertura y asegurará que se cumpla en todas las comunidades autónomas».