COMPETENCIA

Uno de los retos con los que se va a encontrar la nueva titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), que es importante que aborde con prontitud, es la coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). La semana pasada la CNC elaboró un informe sobre el Anteproyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria en el que puso de manifiesto que negociar precios y condiciones de pago elimina la competencia. Una nueva mirada de lupa al agro que se une a todas las sanciones previas a diversas organizaciones sectoriales que ya ni se atreven a desarrollar acciones de fuste para desarrollar sus mercados. Independientemente de la justificación jurídica que avale las opiniones y decisiones de la CNC y el acierto de algunas o de todas ellas, la realidad es que existen importantes contrasentidos con las decisiones adoptadas por el MARM para apoyar la consolidación de las organizaciones sectoriales, las organizaciones interprofesionales por ejemplo. Las decisiones de la CNC sancionan de forma recurrente a las propias interprofesionales y otros entes por desarrollar las funciones para las que se han creado; por cierto, apoyadas por presupuesto público. Hay que recordar que la interpretación de la Ley es muchas veces tan importante como la propia Ley.

Mientras tanto, el ejecutivo comunitario estudia proponer una adaptación de las normas europeas que permitan a los ganaderos unirse para negociar de forma conjunta con las industrias lácteas mejores precios por su producción de leche. Para ello, Bruselas quiere establecer una base legal que posibilite, hasta cierto límite, a las organizaciones de productores a discutir con los representantes de las industrias. En Francia, su Ministro de Agricultura ha anunciado que contarán con contratos entre los agricultores y los compradores, con métodos de determinación de los precios, en el sector lácteo y el de frutas y hortalizas.

En resumen, en España la CNC frena acuerdos intersectoriales y acciones de regulación de mercados. Mientras tanto la Comisión en Bruselas estudia facilitarlas y países como Francia ya las avalan. ¿Nos ponemos la zancadilla nosotros mismos?