Cubillas pide ser parte en la causa de ETA y las FARC

El etarra Arturo Cubillas Fontán, procesado por organizar la presunta colaboración de ETA con las FARC en Venezuela, ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita su personación en la causa. El imputado, funcionario de la Administración venezolana y con nacionalidad de ese país, pretende formar parte del proceso para tener acceso al sumario y conocer las diligencias que el juez vaya practicando. Para ello ha tenido que facilitar a la justicia su domicilio en el país sudamericano pese a que sobre él pende una orden de busca y captura que deberían tramitar el Gobierno español y el venezolano.

La artimaña jurídica de Cubillas para tener acceso al sumario tiene que pasar primero por el filtro de la Fiscalía y después por el juez que instruye la causa, el magistrado Eloy Velasco. Todo apunta a que el Ministerio Público rechazará su pretensión, ya que es muy complejo legalmente que una persona pueda personarse en un proceso con una orden de detención a sus espaldas.

A este fin, la defensa del etarra alegó ayer en la Audiencia Nacional que Cubillas «no está huido» porque en el escrito de personación facilita, precisamente, su lugar de residencia en Venezuela. Además de Cubillas, otro de los procesados en la causa, el etarra José Ángel Urtiaga, ha seguido sus pasos y ha pedido personarse. Urtiaga fijó su residencia en Cuba y al igual que Cubillas está en busca y captura desde el pasado 24 de febrero por orden del juez Velasco.

Extradición

El fiscal solicitó la semana pasada a Velasco que plantee al Gobierno la extradición de Cubillas, quien tiene otras causas pendientes en la Audiencia Nacional por al menos dos delitos de sangre cometidos en los años ochenta como miembro del 'comando Oker', si bien estos hechos podrían haber prescrito. El Ejecutivo es la administración competente para pedir su entrega, aunque en este caso reconoce la dificultad que ello conlleva ya que Venezuela no extradita a sus ciudadanos, como es el caso de Cubillas.

Precisamente, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer al Gobierno que pida la entrega del etarra en virtud del acuerdo de extradición que mantienen ambos países. El problema es que el único que puede plantear al Ejecutivo la extradición es el juez, en este caso Eloy Velasco, que aún no ha tomado esa decisión.