Un protocolo para evitar que ninguna persona se quede en la calle

Aunque en muchos casos, cuando alguien pierde una vivienda por un proceso de embargo, la solución está en el realojo en casas de familiares o amigos, no siempre los afectados cuentan con los recursos suficientes. El Ayuntamiento de Jerez tiene un estricto protocolo para apoyar a estas personas que se encuentran más desamparadas. El delegado de Viviendas e Infraestructura, Antonio Fernández Ortega, deja en primer lugar claro que «no son muchos los casos al año de desahucio, ya que lo normal es que se llegue a un acuerdo de pago».

«Al Ayuntamiento pueden venir como máximo cuatro personas al año por este motivo», indicó. De todos modos, existe una especie de 'stock' de viviendas libres en la ciudad para atender a estas personas.

«Lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda y, a partir de ahí, comienza el proceso para poder acceder a una casa», señaló el delegado municipal. Insiste Fernández Ortega en que «ponerse a la puerta del Ayuntamiento no es la solución, ya que eso no barema».

Hay que tener en cuenta que existen unos criterios objetivos para decidir a quién se le concede uno de estos pisos sociales. Se mide su situación social y económica y para ello hay una lista donde los primeros son, lógicamente, las personas que están más perjudicadas.

También hay que tener en cuenta, subraya el delegado del área, que «un desahucio no se produce de la noche a la mañana, puede llevar entre dos y tres años», por lo que la situación no es tan alarmante como pudiera parecer en un principio.

Además del Ayuntamiento, también la Junta de Andalucía tiene un parque de viviendas repartidas por la ciudad que sirven para acoger a estas personas que no disponen de otros recursos por su estatus socioeconómico. Se mide «el número de hijos, su nivel de ingresos, etcétera, y todo eso se tiene en cuenta a la hora de elegir», destaca el delegado de Viviendas.

En todos estos casos, trabajan estrechamente las delegaciones de Vivienda y la de Bienestar Social, que dirige José Luis Jiménez al amparo de la Ley de Grandes Ciudades. Se trata siempre de buscar recursos para que ninguna de las familias se queden en la calle.

Bienestar Social las deriva a la empresa municipal de vivienda (Emuvijesa). Luego ya se verá si se les facilita un alquiler o bien se les informa de que tienen el derecho de solicitar una vivienda pública.