Correa purga a la cúpula de la Policía tras la sublevación

Ronda en Ecuador el fantasma de la inestabilidad política pese al regreso de la calma -al menos aparente- después de la revuelta policial que derivó en intento de golpe de Estado. Ayer, el presidente Rafael Correa agradecía a quienes «se jugaron la vida» para protegerlo, entre ellos una hija y un primo del supuesto instigador de la crisis, Lucio Gutiérrez. Horas antes había sido purgada toda la cúpula de la Policía y tres coroneles eran apresados y acusados de intentar asesinar al mandatario. Los enfrentamientos dejaron 13 muertos, ocho en las protestas y cinco por homicidios, robos y asaltos. Además, hay 274 heridos, 25 de ellos en estado crítico.

El estado de excepción se mantendrá hasta el jueves. Hoy está previsto que concluya el duelo oficial y que se reanude la actividad educativa y comercial en el país petrolero que ha tenido desde 1996 siete presidentes, tres de ellos derrocados por movilizaciones sociales. Al analizar el golpe que no fue surgen opiniones encontradas. Unos critican a Correa por su irresponsabilidad política y por haberse expuesto a pecho descubierto ante los policías rebeldes. Otros, en cambio, manifiestan que su «osadía» refuerza su liderazgo.

Los adversarios del jefe del Ejecutivo sostienen que aprovechó la huelga de los policías descontentos por el recorte de sus beneficios salariales para reconvertirla en una intentona golpista que podría aprovechar para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, advierten que las últimas leyes aprobadas sobre Educación Superior, Territorial y de Servicio Público no solo generaron el rechazo de los opositores, sino también de una parte de los diputados del oficialista Alianza País.

«Han sido días muy tristes. Seguramente la semana más triste de todo mi Gobierno y de toda mi vida. Estoy destrozado porque se perdieron vidas humanas ¿Cómo pudo pasar? Acá no puede haber ni perdón ni olvido», admitió el mandatario en su habitual comparecencia de los sábados. Paralelamente, insistió en que los sublevados rechazaban «una ley que no han leído» y «fueron utilizados para lograr el caos».

Correa reiteró que no van a «permitir que en América Latina ocurra otro Honduras», una decisión reforzada por los cancilleres de Unasur, que llegaron a Quito el viernes para ratificar el apoyo de la comunidad sudamericana a la legalidad constitucional. El ministro de Justicia, José Serrano, respaldó las palabras del presidente al subrayar que «los autores materiales e intelectuales» deberán «ser castigados, no sólo administrativamente, sino también de forma penal».