La solvencia de España

La inmediatez de los problemas, y nuestra crisis económica es el principal problema material que hemos debido encarar en las tres décadas democráticas, impide a veces hacernos una idea cabal de su envergadura. Por ello, es positivo observar la visión que los demás tienen de ellos. Y la buena acogida que encuentra últimamente la deuda soberana española en los mercados internacionales es un indicio de que España, aunque golpeada duramente por la recesión, continúa siendo un país solvente. España no es Grecia, definitivamente. Ayer, el Tesoro Público colocó 5.515 millones de euros en la última subasta de Letras a 18 y 12 meses a tipos más reducidos y superó el importe máximo que preveía captar (5.500 millones de euros), según datos del Banco de España. El nominal solicitado triplicó la oferta y el Tesoro logró colocar 1.172 millones de euros en Letras a 18 meses a un tipo marginal del 2,150%, casi tres décimas inferior al 2,4% de la subasta celebrada en julio; y en Letras a 12 meses, adjudicó 4.343 millones de euros a un tipo marginal del 1,899% frente al 2,249% de la subasta de julio. No cabe duda de que la publicación de las pruebas de esfuerzo de los bancos, el pasado julio, ha sido un bálsamo para los mercados, que han podido constatar la solidez de nuestro sistema financiero, que ha podido encajar sin desmoronarse las consecuencias de la 'burbuja' inmobiliaria. Pero, además, el Gobierno está aplicando, aun con las dificultades y vacilaciones conocidas, las políticas de austeridad consensuadas en el seno de la Unión Europea, a costa del sacrificio de los ciudadanos, lo que demuestra clara voluntad de no descolgarnos del núcleo duro de la Unión. Evidentemente, esta buena imagen se empañaría si no lográramos remontar la crisis a una velocidad adecuada, para lo cual es preciso no sólo afrontar las medidas de austeridad sino también impulsar las reformas que deben proporcionarnos la productividad necesaria para virar hacia un modelo de crecimiento basado ya no en la construcción y la demanda sino en actividades de mayor valor añadido. El consenso político acerca de esta necesidad debería ser visible y operativo si no se quiere defraudar las expectativas de los atribulados ciudadanos.