Enésima corruptela

Las detenciones del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, de tres concejales de Orihuela y de otros tantos empresarios, que al parecer podrían estar implicados en un caso de corrupción relacionada con la gestión de residuos en la Vega Baja de dicha provincia, vuelve a describir una trama de corruptores y corrompidos -o de chantajistas y chantajeados- en torno a concesiones administrativas. Los antecedentes de corrupción en ámbitos locales o regionales conceden verosimilitud a cada nuevo relato. Tanto que pasa a formar parte de un paisaje que tampoco parece estremecerse por la sucesión de denuncias, acusaciones y condenas por prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales que salpican la geografía española y afecta a todas las formaciones políticas. Puede resultar tan paradójico como elocuente que José Joaquín Ripoll se hubiese mostrado deliberadamente distante respecto a los dirigentes del PP valenciano señalados en el sumario 'Gürtel' y crítico con la gestión del caso por parte de su dirección. Pero, se confirme o no su implicación y la de los tres ediles oriolanos en la supuesta trama alicantina, está claro que los partidos políticos no están diseñados para prevenir o detectar precozmente los impulsos de corrupción que se engendran en su seno. Los hechos demuestran que sólo las disputas internas en una determinada formación se convierten en mecanismo depurador de las corruptelas del sector contrario. Junto a esto, la narración sumarial de los casos de corrupción atestigua que fallan los mecanismos de control jurídico y de intervención económica de las administraciones, supeditados en exceso a quien en cada momento ostenta el poder político de la institución de que se trate. En numerosas ocasiones el delito penal se produce al final de toda una serie de irregularidades y arbitrariedades administrativas que fueron generando un clima de impune desorden en la gestión de los intereses públicos. Pero, junto a las carencias que presentan los partidos y las instituciones, resulta especialmente deplorable la renuente condescendencia, rayana en la complicidad, con la que ambas instancias tienden a reaccionar cuando la Fiscalía anticorrupción y el juez natural destapan alguna actuación que pudiera ser ilícita.