CiU amenaza a Zapatero con dejarlo caer si da por cerrado el Estado autonómico

CiU, el partido que apuntala al debilitado Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, le lanzó ayer un claro aviso que más bien sonó a amenaza. El presidente de la federación catalana, Artur Mas, advirtió a Zapatero que si insiste en la idea de que la sentencia del Tribunal Constitucional supone el cierre del Estado autonómico no tendrán el menor reparo en facilitar la caída del Ejecutivo en cuanto complete las reformas estructurales que se aprobarán este verano.

La afirmación realizada el jueves por el presidente del Gobierno, que señaló que el fallo del Constitucional «es el fin de todo un proceso de ampliación de la descentralización política de la España democrática», cayó como una bomba en CiU, que es el partido que evitó la caída del Ejecutivo en mayo, con su abstención en la aprobación del plan de ajuste, y que fue elemento clave hace sólo unos días para que lograse ratificar el real decreto-ley que dio a luz la reforma del mercado laboral. La federación reclamó a Zapatero prudencia y le recordó su «extrema debilidad» parlamentaria y las numerosas reválidas a las que tiene que enfrentarse en pocos meses -aprobación del techo de gasto, reforma laboral y del sistema de pensiones, y Presupuestos para 2011-, con una izquierda enfadada y un PP empeñado en abocarle a unas elecciones anticipadas.

Mas puso las cartas sobre la mesa y aconsejó a Zapatero: «Sea extremadamente prudente, mida muy bien sus palabras y no tiente la suerte en exceso, porque la vida es muy larga y usted tiene muchas necesidades». En un tono que resultó más políticamente correcto que creíble sentenció: «Que conste que esto no es una amenaza, es una advertencia». El líder nacionalista dijo que las declaraciones del presidente del Gobierno, que mostró su satisfacción con una sentencia que recorta un 'Estatut' que él mismo voto en el Parlamento, le parecieron «una frivolidad» con «un punto de cinismo» y exigió al Ejecutivo que si quiere mantener el diálogo con CiU, como mínimo, se esfuerce en ampliar el autogobierno catalán en los aspectos recogidos en el estatuto y limitados por el Constitucional.

La advertencia no sólo tuvo como destinatario al PSOE sino también iba dirigida al PP. Mas recordó a los dos partidos con capacidad para dirigir el país que siempre han necesitado de la colaboración de CiU para lograr estabilidad parlamentaria y que para su formación «es absolutamente incompatible tratar con un presidente del Gobierno español que parta de la base de que la descentralización, la autonomía o el autogobierno se han acabado».

Respuesta conciliadora

La respuesta del Ejecutivo llegó de la mano de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y fue conciliadora. Fernández de la Vega aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para mostrar su convencimiento de que la «colaboración y el diálogo» con CiU se mantendrá y para matizar las afirmaciones de Zapatero, que dijo que habían sido malinterpretadas. Señaló que cuando el presidente del Gobierno indicó que con la sentencia del Constitucional se cumplían los objetivos autonómicos del Ejecutivo quiso decir que la corte «avalaba» los estatutos de segunda generación que habían sido apoyados e impulsados por los socialistas, que «se ha culminado el objetivo que nos propusimos», pero no que «se haya acabado nada».

«¿Hay margen para seguir desarrollando los estatutos?», se preguntó. «Por supuesto», fue su respuesta. Según sus palabras, «avalada la práctica totalidad del Estatuto de Cataluña» por el Constitucional, ahora «lo que queda por hacer» es impulsar el resto de estatutos de segunda generación que aún están en trámite y abordar «el desarrollo constitucional» de los aprobados. Considera que «hay margen» para desarrollar más el 'Estatut' y que el Gobierno, en el marco que permita la sentencia que se conocerá en unos días, lo va a hacer y va a tratar de «cumplir las mejores y mayores expectativas» de las instituciones catalanas. Sin embargo, pidió prudencia porque primero hay que estudiar «detenidamente» la sentencia antes de poner en marcha las reformas legales necesarias para «reforzar la articulación» del texto refrendado por los catalanes. Dijo que no convenía adelantar actuaciones, pero que una de las posibles era reformar la ley del Poder Judicial para avanzar en la adaptación de la justicia a la realidad autonómica, lo que recuperaría parte de los elementos del 'Estatut' recortados o limitados por el tribunal.