PP e IU quieren que Griñán explique en el Parlamento su «agenda oculta» de recortes

Los dos principales líderes de la oposición, Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU), coincidieron ayer en anunciar que solicitarán un pleno extraordinario en julio para analizar todas las medidas del ajuste presupuestario del Gobierno andaluz, incluidas las que Arenas reveló el jueves en la Cámara y de las que el presidente del Gobierno no habló durante el debate de la Comunidad. Se trata del ahorro que el Gobierno de la Junta prevé en los Presupuestos de 2010 y de 2011 de más de 4.600 millones de euros al retrasar uno o dos años inversiones previstas para estos años, entre ellas nuevas plazas para guarderías y hospitales de alta resolución o la aplicación de la Ley de Educación. Tanto Arenas como Valderas tildan estos retrasos de «recortes» en toda regla y acusan a Griñán de tener una «agenda oculta» sobre el reajuste en la Comunidad para cumplir con el déficit público. El presidente andaluz defendió ayer que no hay agenda oculta, ya que los datos revelados por Arenas proceden de un documento público.

Se trata del documento que el Ejecutivo andaluz presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero del que hasta que el líder del PP no lo mostró en la Cámara el jueves, no se conoció su contenido completo. El dirigente popular quiere contrarrestar la propuesta de Griñán con otra propia. Lo anunció ayer, tras una reunión de la dirección regional de su partido y rodeado de la plana mayor de este.

Arenas anunció que ha solicitado a su grupo parlamentario la elaboración de una propuesta «concreta y minuciosa» de recorte del gasto corriente en la Administración andaluza que impida «el hachazo al gasto social» que, según dijo, pretende llevar a cabo el Gobierno andaluz. Arenas reiteró que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quiere poner en marcha un «espectacular» recorte al gasto social por valor de 1.700 millones y que el PP-A va a hacer todo lo posible para evitarlo. En esta línea, Arenas indicó que la estrategia del Gobierno andaluz y del PSOE-A pasa por la subida de impuestos, el recorte de las inversiones y del gasto social y, al mismo tiempo, «mirar para otro lado». «Se trata de una estrategia suicida en términos económicos y sociales», dijo según recoge Europa Press.

Asimismo, el dirigente del PP indicó que su formación ha puesto en evidencia la «agenda oculta» del Gobierno andaluz, según lo recogido en el documento sobre que la Junta de Andalucía llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«Esta agenda oculta se le había escondido al Parlamento, a los parlamentarios socialistas y a parte del Gobierno andaluz», apuntó Arenas, quien consideró que «nunca se había engañado antes de esta forma» y que no existen «precedentes» de tal hecho. Al hilo de ello, dijo que hay que preservar especialmente los gastos en sanidad, servicios sociales y educación, añadiendo que el recorte que el Gobierno andaluz tiene previsto llevar a cabo en materia educativa supera los 500 millones, lo que, a su juicio, supone una «gran zancadilla» al futuro de los jóvenes andaluces.

Malestar en los sindicatos

También los sindicatos mayoritarios de Enseñanza en Andalucía, CC OO y FETE-UGT, se han sentido molestos al conocer que la aplicación de la Ley de Educación se retrasará un año. Por ello pidieron a la Consejería de Educación que «se siente a negociar» con ellos la «prórroga» en la aplicación de la Ley de Educación de esta norma, -ahora hasta 2013 y no 2012 como se preveía-, así como el resto de medidas de ajuste previstas en materia educativa.

En sintonía con Arenas, el coordinador general de IU, Diego Valderas , acusó al presidente de la Junta de tener una «agenda oscura con respecto a los recortes previstos en nuestra comunidad autónoma», por lo que Valderas también va a solicitar «un pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para el mes de julio en el que se tratará toda esta política de recortes».

Según informaron a Europa Press fuentes de la formación política, el presidente de la Junta debe «explicar a los ciudadanos este tijeretazo de 4.600 millones de euros que no mencionó en el debate de la Comunidad».Así, la formación también consideró «muy graves para Andalucía el recorte de 2.242 millones de euros que se plantea en la Consejería de Obras Públicas, que va a privar a muchas comarcas de infraestructuras muy necesarias y que, sobre todo, va a suponer un nuevo 'mazazo' para el empleo». De este modo, Diego Valderas denunció además «los recortes sociales y el retroceso en materia educativa, sanitaria y de dependencia», que alcanzan los 1.743 millones de euros.