Relevo al frente del TSJA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vive tiempos de cambios. Tras 15 años con Augusto Méndez de Lugo como presidente del alto tribunal andaluz, cinco magistrados aspiran a sustituirle en un proceso de selección novedoso que se iniciará el próximo 2 de junio. Estos son: Francisco Javier Arroyo Fiestas, presidente de la Audiencia Provincial de Málaga; Lorenzo del Río Fernández, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz; Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería; Joaquín García y Bernardo de Quirós, presidente de la sala del tribunal de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Málaga; y Rafael Toledano Cantero, director del gabinete de la Presidencia del TSJA y también magistrado de lo Contencioso en Granada. Todos, pesos pesados de la judicatura en Andalucía, con experiencia en la gestión, prestigio como juristas y en la franja de edad de los 49 a los 60 años.

El Consejo General del Poder Judicial someterá a los candidatos a una entrevista para evaluar su idoneidad y luego decidir cuál de los cinco se instalará en el despacho de la Real Chancillería, en Granada, sede del TSJA. Las entrevistas las realizará una comisión de calificación que presidirá el vocal del Poder Judicial Manuel Torres Vela, vinculado a Málaga y que conoce personalmente a los cinco, ya que fue magistrado y presidente de la Audiencia de esta provincia.

Los candidatos expondrán sus méritos, responderán a las preguntas que los miembros de la comisión o cualquier vocal del Poder Judicial quiera hacerles y presentarán sus respectivos proyectos para mejorar la Justicia en Andalucía. Las entrevistas serán públicas.

En la elección pesará no sólo la propuesta para dirigir el mayor tribunal autonómico de España, con más de 900 jueces y un extenso territorio que incluye a Ceuta y Melilla. Factores como el asociacionismo, dividido entre progresistas y conservadores, puede influir en el Poder Judicial, compuesto por 21 miembros: el presidente, Carlos Dívar, 9 a propuesta del PSOE, otros 9 a propuesta del PP y el resto por CiU y PNV. El elegido debe contar con 13 votos. La coincidencia con la elección del presidente del tribunal valenciano y el catalán puede terciar también en la decisión.

Como es habitual, cada asociación pugnará por colocar a uno de los suyos y en esa pugna cabe la negociación y el reparto. Los conservadores tienen interés en mantener la plaza de Valencia, tribunal que deberá lidiar con parte de la patata caliente del 'caso Gürtel'. Para sustituir a Juan Luis de la Rúa cuentan con Pedro Castellano y Vicente Magro, ambos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria. De producirse un acuerdo entre conservadores y progresistas para que uno de los primeros ocupe la presidencia del tribunal valenciano y los segundos el andaluz, dejaría sin muchas opciones al magistrado Francisco Arroyo, único adscrito a la APM de los aspirantes andaluces. En este caso, los magistrados Juan Ruiz-Rico y Lorenzo del Río, asociados de la progresista moderada Francisco de Vitoria, son los mejor colocados. Sin embargo, la APM, mayoritaria en Andalucía, apuesta también por el TSJA, lo que daría la oportunidad a Francisco Arroyo. Fuentes de ambos sectores consultadas indicaron a este periódico que no siempre esto es así y que el acuerdo no es tan fácil. Como ejemplo recuerdan el caso del País Vasco, cuyo presidente, Juan Luis Ibarra, fue elegido el pasado marzo contra todo pronóstico al no fructificar la negociación entre progresistas y conservadores. Finalmente el Poder Judicial optó por calibrar el historial profesional.

El precedente vasco anima más que a ninguno a Rafael Toledano, el único no asociado pero con gran conocimiento del funcionamiento del TSJA, pues ha sido mano derecha de Méndez de Lugo en los últimos años. También da esperanzas a García y Bernardo de Quirós, uno de los juristas con más prestigio de España. Los cinco, amigos entre ellos, se han telefoneado estos días y han pactado apoyo total al que salga elegido.

El nuevo presidente encontrará un tribunal complejo que el pasado año registró 1.983.456 asuntos, un cuatro por ciento más que en el anterior. En su última memoria, Méndez de Lugo advierte de la escasez de jueces -hacen falta más de 200- y de la dificultad organizativa, lo que conlleva al colapso en la resolución de casos en muchos juzgados. Estos retos, junto al desarrollo de la Oficina Judicial, serán los que su sucesor deberá solventar.