Surgen grietas en el PP por su defensa a ultranza de Camps

Mariano Rajoy guarda silencio en relación a la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la reapertura de la causa que investiga si Francisco Camps y otros colaboradores incurrieron en un supuesto delito de cohecho impropio al aceptar regalos de una empresa relacionada con la trama 'Gürtel'. El líder del PP, no obstante, ordenó el lunes al partido defender a ultranza al actual presidente valenciano, al menos mientras no pese sobre él una imputación en firme.

Un apoyo incondicional que, contra pronóstico, se ha comenzado a resquebrajar en tierras valencianas. El presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, comunicó ayer a la dirección nacional su negativa a acudir al acto de apoyo a Camps, convocado por la dirección valenciana. Ni Ripoll ni la directiva regional de los populares viajó a Valencia para arropar a su líder. Un gesto significativo que ayer intentó neutralizar el equipo de Camps.

Esta disparidad de opiniones ha encendido las luces de alarma en la sede nacional del PP. Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación de esta formación, aseguró en una entrevista en Punto Radio que los dirigentes de su partido «no deben enredarse» en batallas internas que podría «avergonzar» a sus militantes.

El PSOE, por su parte, ha encontrado en el 'caso Camps' una válvula de escape. Leire Pajín sostiene que el Supremo «ha demostrado» que el presidente de la Generalitat valenciana mintió y le reprocha que trate a la justicia como «un chiste» al asegurar que se siente como «un Juan Sin Miedo». En esta misma línea se expresó Gaspar Zarrías, secretario de Política Autonómica el PSOE, que reclamó a Mariano Rajoy que dé la cara» y cese a Camps por «mentir a los ciudadanos». Más contundentes se mostró Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, que afirmó que el gobernante autonómico «no se vendió por cuatro trajes, sino por 30 millones de euros en contratos». El PP anunció que presentará una querella contra Alarte por estas declaraciones.

Existe otra cuestión que preocupa a la dirección nacional: la fijación de Camps por el adelanto electoral, una posibilidad que el presidente valenciano baraja desde hace días. Su intención, según fuentes populares, era convocar los comicios tras archivarse definitivamente el tema de los trajes. La decisión del Supremo trastocó su plan original, aunque no su decisión de someterse al juicio de las urnas. La alcaldesa de valencia, Rita Barberá, indicó que no sabía si el presidente de la Generalitat «convocará elecciones, pero el que debería hacerlo ya es Zapatero».