«La sensación de impunidad tiene que desaparecer»

Jesús García Calderón (Badajoz, 1959) no es sólo un avezado jurista. Conoce bien los rincones del Código Penal, pero también tiene claro que no todo está en los libros. Por eso está constantemente asomado a la vida. Poeta y bloguero (www.lasoledadpartida.com), el Fiscal Superior de Andalucía compagina la solemnidad de la toga con un sentido del humor de formas británicas, pero con un fondo muy hispano, tipo Rafael Azcona. No, no es solamente un jurista.

-La preocupación por el patrimonio es una de sus banderas más visibles. Suya fue la iniciativa de 'declarar la guerra' a los 'grafiteros' que ensuciaban con sus aerosoles los edificios históricos, ¿confía en que esa campaña tenga un efecto disuasorio a corto plazo o habrá que tener paciencia?

-Normalmente los fenómenos de falta de respeto a la legalidad no se resuelven de un año para otro. A lo que se aspira es a un cambio de tendencia. En materia de patrimonio histórico, hemos tenido muchísimo tiempo de impunidad. La teoría de los bienes culturales se desarrolla en España casi después del 'desarrollismo' de los años 60 y principios de los 70, que causó un daño atroz al patrimonio histórico. Pero aún hoy en día estamos en una situación de albor, de nacimiento de una legislación para la defensa de los bienes culturales. Lo que ocurre es que la importancia que ha ido cobrando el patrimonio histórico para el desarrollo socio económico de Andalucía es tan grande que hay que acelerar el proceso para que se respete. El daño que se está haciendo al patrimonio es decisivo para nuestro futuro. Es una cuestión de supervivencia.

-¿Y la educación?

-Hay un primer elemento muy negativo que es el incumplimiento de la legalidad administrativa. Esto ocurre con toda la delincuencia medioambiental. Los delitos contra la ordenación del territorio se producen porque no se cumple la legislación administrativa. Hay un fracaso de la jurisdicción contenciosa, de la jurisdicción social y un problema educativo. No se transmite a los jóvenes la importancia que tienen los bienes culturales. Las manifestaciones artísticas, caso de los grafitis, son perfectamente compatibles con el respeto al patrimonio histórico. Sin embargo, nadie parece preocuparse de la necesidad de conjugar la historia con el futuro. Todo el mundo piensa en el patrimonio como un problema.

-Tras la 'Operación Malaya' y todo lo que ha venido después, ¿está ya Andalucía vacunada contra la delincuencia urbanística?

-En algunos aspectos creo que la actuación de los tribunales y de la Fiscalía han provocado un cambio en la evolución de la criminalidad. Y esto es muy importante. Yo no lo había visto antes. El hecho de que la Fiscalía haya intervenido con un principio de especialización y los tribunales hayan respaldado esas actuaciones, sí está modificando el comportamiento en la vida pública. Es lo que está ocurriendo con los delitos de naturaleza urbanística. A partir de 2005, la iniciativa de la Fiscalía General del Estado de especializar a fiscales en esta materia ha ido modificando conductas. Hoy en día, una mayoría de los ayuntamientos andaluces -no todos, lamentablemente- tienen una percepción completamente distinta sobre el cumplimiento de la legalidad urbanística. Y luego está la corrupción política, que tiene unas dimensiones importantes. Creo que existe la voluntad de combatirla, pero lo que ocurre es que la corrupción es un problema mayor de lo que piensa la ciudadanía... y ya la ciudadanía cree que es grave. Hay una apuesta importante a nivel policial. Están los Grupos de Respuesta al Crimen Organizado. En Andalucía hay ocho de los trece que existen en España. La Guardia Civil también está desarrollando una extraordinaria labor en este sentido. Creo que estamos en el camino correcto, pero el problema es difícil.

-Usted siempre ha defendido como prioritaria la alternativa de la demolición para combatir los delitos urbanísticos...

-Lo que yo he sostenido y sostengo es que las sanciones establecidas en el Código Penal no tienen un efecto disuasorio suficiente para combatir la delincuencia urbanística. Los intereses económicos que se manejan son de tal amplitud que requieren otro efecto disuasorio, y el fundamental es la demolición. La sensación de impunidad tiene que desaparecer. Lo que pasa es que la delincuencia urbanística tiene muchas características: la implicación de terceros de buena fe, la agilización de la tramitación para llevar a cabo una política de hechos consumados... Por eso es especialmente necesario la adopción de medidas cautelares. Para mí es muy importante que los fiscales estén aplicando estas medidas desde que se produce el movimiento de tierras. Pero también es cierto que señalan la dificultad que tiene ejecutar una sentencia de demolición. De hecho, la ejecución penal es el problema básico que hay en la administración de Justicia en Andalucía. Pero me mantengo en que la demolición es necesaria. Tampoco se puede acordar siempre y en todo caso. Pero hay que establecerla como regla general. Toda regla general tiene sus excepciones, pero son eso: excepciones. Lo que no puede ser excepcional es la demolición.