El Gobierno poda sus altos cargos

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al plan de reorganización y racionalización de la Administración estatal y del sector público empresarial, que se traducirá en el recorte de 32 altos cargos, una décima parte de los del Gobierno, y en la supresión de 29 sociedades, un 27% de las que componen el sector.

El programa de adelgazamiento de cargos públicos también incluye la supresión de 80 puestos directivos y 450 miembros de consejos de administración de buena parte de las empresas y entes en los que el Estado es propietario de más de la mitad del capital.

La aprobación del plan se ha retrasado casi un mes desde la fecha anunciada a comienzos de año por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, debido a las tensiones y tiranteces que se han vivido entre los distintos ministerios durante semanas para cerrar la lista definitiva de ceses y supresiones de sociedades.

El Ejecutivo, con la operación, quiere lanzar un mensaje de austeridad tanto a los analistas internacionales como a los ciudadanos, meses después de que la mayor parte de los partidos políticos del Parlamento le exigiesen un adelgazamiento del Gobierno por la crisis y en un momento en el que los mercados escrutan con lupa las medidas de contención del gasto público.

No obstante, se trata más de un guiño o de una decisión simbólica que de un recorte del gasto en profundidad, porque la ejecución del plan sólo representará un ahorro directo anual de algo más de 16 millones de euros a las arcas públicas. Se trata de una gota en un océano si se compara con los resultados de varios miles de millones que el Ejecutivo espera ahorrar hasta 2013 con la congelación y recorte de la plantilla de funcionarios y empleados públicos, la medida estrella del plan de austeridad orientado a bajar el déficit público del 11,5% al 3% del PIB en tres años. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, lo reconoció en rueda de prensa, cuando aclaró que el objetivo con el que se diseñó el plan «más que el ahorro es una cuestión de eficiencia». El plan se ejecuta en dos grandes áreas. La primera afecta al propio Gobierno. El recorte no incluye supresiones de ministerios y se limita al cese de 31 directores generales y un secretario general, casi el 10% de los 343 altos cargos, repartidos prácticamente a partes iguales entre los 14 ministerios y la presidencia del Ejecutivo.

Tres meses

Los afectados, que dejarán sus actuales puestos en los tres meses próximos, serán sustituidos por los subdirectores generales en las tareas de gestión, y las tareas de dirección política pasarán a las cúpulas de los ministerios.

Catorce de los cesados son los máximos responsables de otros tantos organismos autónomos, como confederaciones hidrográficas, los institutos de Oceanográfico, de la Marina y Geográfico, el Centro de Estudios Jurídicos o de la Biblioteca Nacional.

La otra área engloba la desaparición de 29 de las 106 empresas públicas y se articulará a través de la extinción de 14 sociedades, muchas de ellas prácticamente ya sin actividad alguna tras los procesos de reconversión industrial, y la fusión en nueve de 24 sociedades públicas de agua, de actividades culturales y de infraestructuras agrarias.

El segundo escalón de la reestructuración empresarial pública es la supresión de 530 miembros de sus órganos de dirección. El plan prevé que cesen 80 directivos de entes públicos, que representan un 10% de los puestos de dirección del sector. De igual manera, antes del 31 de julio próximo abandonarán sus puestos 450 consejeros de este tipo de sociedades, que suponen un 15% de los consejeros, de término medio, y un 40% de los miembros de estos órganos en las estructuras de las autoridades portuarias.