La propuesta sobre autoridad pública del PP-A excluye al profesorado de la privada

La Proposición de Ley de Autoridad Pública del Profesorado Andaluz que el PP-A ha presentado a la mesa del Parlamento de Andalucía no incluye a los docentes de la enseñanza privada, sólo a los que ejerzan su actividad en «centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios», según el texto al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta propuesta contrasta con el proyecto de Ley redactado por la Comunidad de Madrid sobre Autoridad del Profesorado cuyo texto fue ya aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de enero y, en la actualidad, se encuentra a la espera de su aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid esta primavera.

Mientras que el Ejecutivo de Aguirre incluyó a los colegios privados en su iniciativa después de las recomendaciones del propio Consejo Escolar, el proyecto de los populares andaluces limita la consideración de autoridad pública a los profesores de la enseñanza pública y concertada.

Según explicó a Europa Press el portavoz de Educación por el PP-A en el Parlamento andaluz, Santiago Pérez, la diferencia entre un texto y otro responde a «cuestiones jurídicas» ya que, tras consultarlo con algunos expertos en la materia, «no estaba muy clara» la competencia o no de la Junta de Andalucía en este asunto y los populares optaron entonces «por extender la norma sólo al ámbito público y concertado».

«El problema es que, como autoridad pública, nosotros entendemos a los funcionarios o a los docentes cuyos centros tengan relación directa con la Administración, en cuanto que participan de toda su normativa o están acogidos a unos convenios y conciertos», razonó Pérez.

No obstante, el parlamentario quiso dejar claro que «si jurídicamente se pudiera, el PP sería el primero en incluirlos» en su proposición de Ley porque, en su opinión, «las normativas tienen que ser generales y afectar a todos por igual».