Las administraciones tendrán que pagar en 30 días a sus proveedores

Es año Xacobeo, y se nota. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad pidió ayuda la semana pasada al apóstol Santiago para que inspirara a los políticos a la hora de votar la reforma de la ley que regula los plazos de pago.

Ayer, quizá por inspiración del santo, los grupos de la Comisión de Industria del Congreso apoyaron por unanimidad el cambio propuesto por CiU, que supone reducir de forma notable el periodo de abono en las operaciones comerciales de administraciones y empresas con sus proveedores.

Las primeras deberán pagar sus facturas en 30 días y las segundas, en 60, frente a los actuales plazos medios de 139 y 98 días, respectivamente. El cambio, eso sí, se haría de forma progresiva para llegar a los términos pactados en 2013. Además, los grupos parlamentarios rechazaron una propuesta del PSOE que pretendía excluir de la regla general a las grandes compañías (con más de 100 millones de facturación), permitiéndoles un «pacto entre las partes» sobre el momento del pago, lo que dejaría vendidos a los pequeños.

El texto impone también que el plazo empiece a contar desde la recepción de la mercancía o la realización del servicio, y no desde el momento en que llegue la factura, como hasta ahora.

Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma (que representa a casi 800.000 pequeñas empresas, que emplean a cuatro millones de trabajadores y a 460.000 autónomos) celebró la decisión, calificándola de «paso histórico». «Hoy hemos salvado miles de empresas y puestos de trabajo, y hemos dado un salto de gigante en la mejora de la competitividad; David ha vuelto a ganar a Goliat», añadió.

Cañete estima que la reforma supondrá «una inyección financiera de 10.000 millones de euros a las pymes, que tendrán más liquidez para luchar contra la crisis». La modificación debe pasar aún por el Senado, donde la Plataforma confía en que los políticos mantengan su postura. «Si alguien cambia, deberá explicarlo a sus votantes y a toda la sociedad», señaló Cañete.

CiU, impulsor de la reforma,explicó que es «consciente de que los Ayuntamientos necesitan liquidez para poder cumplir la norma». Por eso, su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, pidió al Gobierno que resuelva la financiación de las administraciones locales «para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas».

El director de relaciones institucionales de la Federación de Autónomos (ATA), Francisco de Palacio, subrayó que la reforma «es un gran paso que permitirá parar la sangría» que sufre el colectivo.