Ahora toca pagar las incompetencias más IVA

Todo sistema tributario tiene un componente histórico inevitable. Remitámonos a los antecedentes más remotos sacando a colación la Reforma Tributaria de Mon-Santillan de 1845. En virtud de ella se crea un sistema tributario central y homogéneo de aplicación a todos los territorios que en el Siglo XVI habían constituido España, si bien se mantienen vigentes las excepciones tributarias de las provincias vascongadas y del Reino de Navarra, sobre la base de los fueros tributarios entonces existentes. Pues bien, uno de los artífices del acuerdo para la subida del IVA, el PNV, se asienta en ese territorio con capacidad fiscal y que puede disuadir, los efectos perjudiciales que la subida produzca, sin duda mejor que el resto de los territorios del Estado español, precisamente por esa especial competencia fiscal, atribuida en las normas reguladoras de los regímenes de Concierto y Convenio Económico en vigor. Los votos del otro partido, necesarios para que la reforma tributaria salga adelante, es Coalición Canaria, dándose la paradoja que el impuesto cuyos votos posibilitan la reforma, no es de aplicación en las Islas Canarias por tratarse de territorios excluidos de la armonización de los impuestos sobre el volumen de negocios como es el caso del IVA. Pues bien, a fastidiarse toca el resto del Estado español, auténticos paganos de la reforma.

La subida del IVA debe ser analizada desde una doble perspectiva. La primera, parte de la base de ser una reforma más de las distintas medidas que deben acometerse para equilibrar las cuentas públicas. Aunque la primera medida a realizar debiera ser el recorte del gasto público y una doble reforma, la laboral y aquella reforma impositiva de mayor alcance que permita a los sectores más dinámicos a crecer de verdad y romper de forma clara la dinámica actual que atenaza la economía española. La segunda, supone considerar que el incremento del IVA tiene carácter autónomo, independiente de la necesidad imperiosa de racionalizar el gasto público. Es más, la subida impositiva se le relaciona como el mecanismo de financiación necesario para el incremento del gasto público previsto, en concreto, en el aumento del coste de la prestación de desempleo prevista para el último trimestre del año en curso. Cuantos más recursos detraigamos del flujo económico ordinario y productivo y posibilitemos con ello financiar mayor gasto público, mayores dificultades tendremos en salir del problema.

Es evidente que para reducir el déficit fiscal sólo existe dos opciones, o se minora el gasto público o se aumenta la recaudación. En principio, el gobierno ha optado por la segunda solución y dentro de las distintas alternativas que ésta comporta, se inclina por la más fácil. Ha escogido el IVA porque la base imponible sobre la que se recauda el impuesto, es el que en principio posibilita mayores incrementos de recaudación en condiciones normales. Sin embargo, el principal problema que se observa a partir del contraste y análisis de los datos correspondientes a 2009 y la reducción de más de un 30% de recaudación por ese impuesto, son las posibilidades reales de la recaudación efectiva del impuesto. Es ésta y no la discusión sobre tipos y presión fiscal nominal la que debe centrar el debate en la instancia. Es decir, el objetivo primordial debe ser el del pago real de los impuestos, del IVA y de todos los demás, para de esa forma hacer posible el tránsito al equilibrio de las cuentas públicas desde la perspectiva de los ingresos. Cualquier otra situación distinta a la descrita o que se aparte de ella, supone hoy y supondrá en el futuro un gran problema, a la vez que una fuente constante de desequilibrios en lo que a ingresos públicos se refiere.

Sólo sería entendible y plausible la decisión fiscal del gobierno, si ella se viere acompañada de una rebaja sustancial de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Ésta última, tendría un impacto inmediato y de gran calado en el empleo. Su incremento, permitiría minorar de forma importante el coste de la prestación de desempleo, que es hoy por hoy la principal fuente de desequilibrio de las cuentas públicas y la partida de gasto que más las distorsiona. Ahora bien, esta propuesta reclama el análisis y evaluación de la misma. Ello exige hacerse la siguiente pregunta ¿son los beneficios de llevar a cabo dicha iniciativa (bajar las cotizaciones sociales) mayores que los costes que se derivan de ponerla en práctica (incrementar el IVA)? Me apresuro a cuantificar el montante de la bajada necesaria en las cotizaciones empresariales en cinco puntos porcentuales para reactivar el empleo, incrementando la productividad del factor trabajo y romper definitivamente la inercia de la tendencia que nos lleva inexorablemente al 20% de tasa de desempleo, lo que es inasumible como sociedad. Sin embargo ya les anticipo que esto no se hará porque la UGT, no sólo exige al gobierno que no se bajen cuotas empresariales, sino que pidió al gobierno ante el debate de las pensiones que compensase la falta de cotizaciones con cargo a los Presupuestos del Estado. Y ya sabemos, donde dice Méndez, ni Zapatero dice Diego. Ese, después del desempleo es el gran problema. Un gobierno hipotecado por los intereses de una minoría que en su conjunto no representa más del 12% de la población activa y un escaso 5% del total de la población. Y la gran desgracia es que sus imposiciones trascienden al ámbito de lo político como un cuarto poder.

Si al final como se presume, la reforma vía ingresos públicos se materializa en un mero incremento del tipo impositivo del IVA, los ciudadanos y los empresarios seremos los paganos. Éstos últimos, al no repercutir en el precio final todo el impuesto, se verán abocados a bajar sus márgenes comerciales, lo que exigirá adelgazar su estructura de costes, repercutiendo directamente en el empleo. Las estimaciones hechas por expertos en la materia auguran un exiguo incremento recaudador, una repercusión negativa en el PIB de ocho décimas y un incremento del desempleo de 170.000 personas. Y para el resto de la ciudadanía, una minoración de la renta disponible, algo así como una bajada de sueldo. es la forma más gráfica de describir el fenómeno.