Lucha contra el fraude

El nuevo Plan de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de la seguridad social, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, engloba una serie de iniciativas tan necesarias como tardías frente al asentamiento, en nuestro país, de importantes bolsas de economía sumergida. Ello a pesar del avance que supusieron las medidas preventivas adoptadas en 2005. Aunque recientemente la vicepresidenta económica, Elena Salgado, desmintiera la existencia de estimaciones fiables a la hora de calcular el porcentaje que supone la economía fraudulenta respecto al PIB en nuestro país, no parece casual que los propios inspectores de Hacienda supongan que representa entre un 20 y un 25%, situando a España a la cabeza de tan deshonroso ranking en el seno de la UE. Tal situación, que se ha visto agudizada por la actual crisis, es en buena medida consecuencia de la pasividad mostrada por los sucesivos Gobiernos frente al fraude. Una pasividad que respondía a la convicción de que la economía sumergida forma parte de la economía general, y que ésta podía resentirse si se actuaba contra el fraude de manera decidida. Una visión que prevaleció tanto en las coyunturas más difíciles como en el prolongado período de crecimiento. De ahí que el Gobierno central y el conjunto de las administraciones deberían comprometerse a rebajar los índices de fraude que forman parte de la economía española no tanto por un afán recaudatorio, que también, como por la propia salud de nuestra economía. Porque la competitividad y la renovación del modelo de crecimiento tienen que ver con la renuncia a la competencia desleal, al dinero fácil y al ilícito en las relaciones económicas y laborales y en cuanto a las obligaciones tributarias. De las sesenta medidas contra el fraude aprobadas ayer, las más eficaces serán siempre aquellas que permitan cruzar la información que obra en poder de Hacienda, la Seguridad Social, las transacciones financieras y comerciales y los contratos de trabajo. Pero si alguna obligación corresponde a las administraciones públicas es la de garantizar que las empresas que contratan con ellas cumplen escrupulosamente con los requisitos de la economía regulada.