De la Vega niega falta de sintonía con Elena Salgado

Justo cuando el Gobierno cogía aire en el remanso político generado a cuenta del proyecto de pacto anticrisis, ha surgido un nuevo fuego. La vicepresidenta primera del Gobierno se vio ayer en la necesidad de negar que sus relaciones con la responsable del área económica, Elena Salgado, sean tensas o poco amistosas, como se ha comentado en las últimos días. María Teresa Fernández de la Vega aseguró que su relación con la responsable económica es «muy buena personal y políticamente desde hace muchos años».

Cierta o no, la aclaración venía al caso del último episodio de descoordinación vivido en el Ejecutivo socialista, esta vez, a cuenta de las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, sobre la necesidad de «revisar» el acuerdo salarial para los funcionarios públicos a fin de ajustarlo al plan de austeridad que prepara el Gobierno para rebajar el déficit público al 3% en 2013; ahora es del 11,4%.

Las palabras del responsable de la política fiscal hicieron saltar las alarmas de las centrales sindicales el pasado miércoles, ante el temor de que se pretendiera convertir en papel mojado el texto trianual pactado en septiembre con María Teresa Fernández de la Vega, encargada de la Función Pública. La vicepresidenta primera, que se encontraba en una reunión de la Unión Europea en Bruselas, corrió rauda a pedir al Ministrio de Economía una rectificación. Pretendía, según fuentes de su departamento, que dejara claro lo que ella misma subrayó en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que «lo que firma el Gobierno, se cumple».

La rectificación efectivamente se hizo, pero más de 12 horas después. Salgado aprovechó la comparecencia en la que iba a explicar los pormenores de la primera reunión del pacto anticrisis con los grupos parlamentarios para aclarar que no se tocarán las retribuciones pactadas de los funcionarios y que el recorte del 4% en el capítulo de gastos de personal de las Administraciones, ya anunciado, se logrará gracias a la disminución de la oferta de empleo público. Pero el asunto no acabó ahí.

Fernández de la Vega aún dio ayer un golpe de autoridad e insistió en que sus compromisos son ley. «Que no le quepa la duda a nadie; eso lo sabemos todos los miembros del Gobierno, que trabajamos en la misma dirección y tenemos las funciones muy claras». Si hay alguien que no ha remado en la dirección adecuada ése sería, según su discurso, Carlos Ocaña. Aunque no con mala intención. Pudo ser víctima, según la también ministra Portavoz, de una «confusión» sobre los planes de recorte del gasto del Ejecutivo.

Cuadrar números

El caso es que de Ocaña depende la dirección general de Costes de Personal y Gasto Público, es decir, es su departamento el que más sabe de cuadrar números. La vicepresidenta económica, además, dijo el jueves en la cadena Ser algo similar a lo que había remarcado su subalterno. El acuerdo suscrito con los sindicatos es trianual pero, en realidad, hay que negociar cada año el incremento salarial. Para 2010, se ha pactado una subida de las remuneraciones del 0,3% y habrá que ver lo que se negocia para el siguiente ejercicio. En todo caso, es también cierto que el texto pactado incluye una cláusula por la que se garantiza a los funcionarios que en este trienio no perderán poder adquisitivo.

Salgado quitó en todo momento hierro al asunto, pero Fernández de la Vega achacó todo a un «fallo» del secretario de Estado de Hacienda y no a que el Gobierno tenga intenciones distintas de las ya anunciadas. Aún así, la vicepresidenta segunda dejó claro que el episodio no merece un cese. Algo que no pareció tener tan claro la vicepresidenta primera y responsable de la coordinación ministerial, quien, a la pregunta de si Ocaña había presentado la dimisión, se limitó a desentenderse del asunto con un «no tengo constancia de ello».

Fernández de la Vega también insistió en que el relevo de Carmen Gomis al frente de la Secretaría de Estado para la Función Pública es ajeno a este asunto y aseguró que fue ella misma la que pidió abandonar el cargo por motivos personales.

El PP no dejó pasar una oportunidad como ésta de supuesta descoordinación y solicitó la comparecencia de ambas vicepresidentas en el Congreso para que expliquen el futuro de los acuerdos salariales con los funcionarios.