Responsabilidad de gobierno

La iniciativa adoptada por el Rey para informarse de primera mano del parecer y de las posiciones que mantienen los distintos agentes económicos y sociales respecto a las condiciones que facilitarían una pronta salida de la crisis forma parte de las atribuciones que la Constitución confiere al Jefe del Estado en España. Pero la pretensión de la vicepresidenta Fernández de la Vega de limitar las mismas a la necesidad que el Monarca tiene de estar informado, advirtiendo de que corresponde al Gobierno propiciar acuerdos políticos en materia económica, además de constreñir innecesariamente la función institucional del Rey, trata de soslayar lo más importante: que hasta la fecha el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha adoptado una sola iniciativa proclive al entendimiento con las fuerzas políticas de cara a minimizar los efectos de la crisis y a procurar la recuperación a través de un esfuerzo unitario. Siendo cierto que el Gobierno es el competente en dirigir la política, su indiscutible potestad no puede ser ejercida por omisión, en este caso en relación al diálogo y al acuerdo en materia económica. Los recurrentes llamamientos a «arrimar el hombro», dirigidos a las demás fuerzas partidarias, ni siquiera consiguen emplazarlas ante la opinión pública, puesto que no parten de una propuesta solvente de acuerdo ofrecida por el Gobierno. La remisión de las posibilidades de coincidencia al resultado que pueda ofrecer el permanente debate parlamentario es, en boca de un Gobierno, poco más que un subterfugio para eludir su propia responsabilidad. Especialmente cuando dicho debate no pasa de ser, la mayoría de las veces, la puesta en escena de una confrontación ideada para mantener las distancias entre los principales partidos. No es el Rey el que corre el riesgo de asumir atribuciones propias del Gobierno, sino éste quien tiende a hacer dejación de su deber de procurar acuerdos básicos con el resto de los grupos parlamentarios. Es Rodríguez Zapatero quien debería reflexionar sobre hasta qué punto su papel institucional se ha diluido en las últimas semanas entre una difusa presidencia de turno de la UE y su insistencia en sortear la creciente demanda ciudadana por un pacto de Estado para la recuperación económica.