El Congreso respalda a Blanco en su pelea con los controladores aéreos

El ministro de Fomento, José Blanco, salió ayer del Congreso de los Diputados más que satisfecho. No en vano, la Cámara Baja convalidó el real decreto ley del Gobierno que recorta el poder de los controladores aéreos y dio luz verde a una modificación de la Ley de Seguridad Aérea que, en la práctica, frena una sentencia que obligaba a reducir de forma notable la actividad en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

El 'decretazo' a los controladores, que se han tomado quince días para lamerse las heridas, preparar su estrategia y retomar la negociación de su II Convenio Colectivo con Aena, pasó el examen parlamentario, aunque no sin ciertas críticas por parte de sus señorías.

Blanco necesitaba la convalidación, y la logró, pero todos los portavoces parlamentarios de la oposición le recordaron la celeridad de la medida y hasta «un cierto descaro político» en las formas, como señaló el representante del PNV José Ramón Beloki.

El más crítico fue Gaspar llamazares (IU), el único que votó en contra al entender que el paso dado por el Ministerio de Fomento vulnera de forma flagrante el derecho a la negociación colectiva.

El real decreto será tramitado como proyecto de ley, lo que permitirá que su articulado sea modificado en el debate parlamentario. José Blanco, que agradeció el respaldo de la Cámara a una norma que garantiza «la prestación y la sostenibilidad» operativa y financiera del servicio de tránsito aéreo , se mostró dispuesto a «mejorar si cabe aún más» el texto. El real decreto rebaja el salario medio de los controladores en 150.000 euros al año y les impone 1.750 horas de trabajo anuales. El actual convenio sólo establece 1.200 horas. Además, abre a la competencia las torres de control y devuelve a Aena la capacidad de gestionar el trabajo, que hasta ahora ostentaban los controladores.

La jugada maestra de José Blanco se completó gracias a las negociaciones que cerró a última hora el grupo socialista con los nacionalistas y a la abstención del PP a las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC-IU-ICV y UPyD al proyecto de ley de reforma de la Ley de Navegación Aérea. El asunto era vital para Fomento, y no menos para la comunidad de Madrid -en la que Barajas es un verdader pulmón económico- o, incluso, para los intereses de Iberia y British Airways.

La reforma legislativa (instada de forma urgente por el Gobierno el pasado diciembre) no es sino una reacción -así lo reconoció el ministro- a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaba a Aena a recortar un 20% la actividad de Barajas al amparar a los vecinos de un municipio cercano al aeropuerto que protestaron por el ruido de los aviones. Gracias a la reforma se redefinirán, con carácter retroactivo, las zonas y los niveles soportables de ruido en los principales aeropuertos. Iniciada la reforma, según fuentes socialistas, el eventual impacto de la sentencia quedaría anulado.

Fruto de la postrera negociación parlamentaria, se crearán comisiones con autonomías y ayuntamientos para tratar en cada caso las servidumbres acústicas de los aeropuertos. Blanco explicó que vetar los cambios pretendidos por el Gobierno pondría «en jaque» miles de empleos en la región y afectaría de forma irreversible al turismo.