CONTRATO CORBETAS

Navantia San Fernando, pendiente de la comparecencia de la ministra de Defensa

Margarita Robles comparecerá, hoy a las 16.30 horas, en el Senado para presentar las líneas maestras que guiarán su acción al frente del Ministerio de Defensa

LA VOZ

Los trabajadores de Navantia San Fernando siguen pendientes del contrato de las corbetas con Arabia Saudí.

La paralización de la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí ha sido recibida con inquietud en el astillero gaditano por el temor de que también se pudiera anular el contrato para fabricar las cinco corbetas que tiene contratadas por valor de 1.813 millones de euros.

El Gobierno ha subrayado «no pondrá en riesgo» la ejecución del contrato, sin embargo la plantilla de San Fernando ya ha anunciado que estudia más movilizaciones . Hoy está previsto que se celebre una reunión del pleno del comité de empresa, y el martes una asamblea general de trabajadores con el fin de estudiar un calendario acciones, que «podrían empezar el mismo martes», según ha informado el presidente del comité de empresa del astillero de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta, que ha asegurado así que las movilizaciones comenzarán en esta misma semana.

Navantia San Fernando está pendiente de la comparecencia de la ministra de Defensa que hablará este lunes, a las 16.30 horas, en el Senado para presentar las líneas maestras que guiarán su acción al frente del Ministerio de Defensa.

Robles comparecerá en el Senado después de que su departamento haya decidido paralizar la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí susceptibles de ser empleadas para atacar Yemen.

Estas armas podrían tener como fin su utilización contra los hutíes en el conflicto en Yemen en el que Arabia Saudí lidera una coalición de países árabes que considera legítimo al Gobierno yemení.

La decisión se produjo apenas unas semanas después de que un bombardeo de Arabia Saudí matara a 51 personas, entre ellas 40 niños, tras la decisión del Ministerio de Defensa de que, en la medida de su competencia, revisaría las ventas de armamento que se encuentran en trámite y que pudiera utilizarse directamente contra la población civil.

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