Sancionado un profesor por «someter a lapidación» a sus alumnos

«Someter a lapidación» a sus alumnos y alumnas de 12 y 13 años. Esa es la razón por la que la Consejería de Educación del Principado de Asturias acaba de incoar un expediente disciplinario a M. R. A., docente de Lengua Castellana en el IES Universidad Laboral (Gijón). Y lo explica en una resolución fechada el pasado 16 de abril en la que detalla que «el profesor llevó a cabo con los alumnos de 1º de ESO una práctica consistente en ‘someter a lapidación’ (la palabra es suya) por parte de los propios compañeros a aquellos alumnos y alumnas que se portaban mal o que hacían algo que, a su juicio, resultara inadecuado, lo que consistió en arrojar los estuches al alumno elegido por el docente, impactando en diversas partes de su cuerpo».

Todo partió de la denuncia de la madre de una alumna del grupo de 1º D fechada el 18 de enero en la que censuraba «dos actividades» del docente. Es entonces cuando entra en acción el Servicio de Inspección Educativa, que, «tras la realización de diversas diligencias» como «entrevistas, visita de aulas, análisis de documentos académicos y actas del departamento» emite su informe, en el que se aprecian varios hechos, además de ese curioso proceso de «lapidación» con material escolar.

Otro de ellos, apunta ese prolijo documento, es que «el citado profesor aplica a sus alumnos unos sistemas de calificación arbitrarios, utilizando un sistema de positivos y negativos que se aparta de lo establecido en la Programación Docente, con grave conculcación del derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y transparente».

Pero hay más. Como «desviaciones respecto a lo establecido en el Decreto del Currículo (...) incluida la programación docente», con «inclusión de contenidos que no están en el currículo del curso y exclusión o no impartición de otros que sí lo están» o su «negativa a realizar exámenes de recuperación de evaluaciones pendientes, apartamiento de las lecturas establecidas por el departamento, negativa a explicar a los alumnos los criterios de calificación establecidos, aplicación de criterios de calificación contrarios a los fijados en la programación y ocultación a los alumnos de las acotaciones al currículo de Lengua Castellana y Literatura para la PAU comunicados a todos los centros educativos». Yprosigue el inspector con su rosario de desacatos:«Los ejercicios realizados por los alumnos no son corregidos y valorados de una manera objetiva». O que «la frecuente conversión de un ejercicio o prueba en condición sine qua non para aprobar constituye una cláusula abusiva y apartada de lo establecido en los documentos del centro».

Finalmente, el texto informa de que «el profesor desobedeció al director y la jefa de estudios del centro educativo cuando, el día 18 de marzo de 2013, abandonó el aula y el centro para ir a ver a su abogado, contraviniendo la orden dada por sus superiores jerárquicos y evidenciando un claro desprecio de las responsabilidades y funciones propias de su puesto de trabajo». Hechos que «podrían ser constitutivos» de varias «faltas disciplinarias» como «tomar parte en altercados o pendencia dentro del centro de trabajo».

«Injusto proceso»

Hasta ahí, la versión oficial. Una versión con la que, sin embargo, están en desacuerdo muchos de sus compañeros, que han comenzado a recabar firmas de apoyo a un docente, que, cargan, «ha sido objeto de un proceso disciplinario arbitrario por parte de la Administración educativa del Principado».

Ellos sostienen que «este injusto proceso» ha dejado «desamparado a M. R. A., quien, además, «disfrutaba de una comisión humanitaria en virtud de la cual había solicitado el traslado de Canarias a Gijón para hacerse cargo de su madre anciana, una comisión que ahora peligra».

La sanción notificada por la consejería «es muy grave: apartado seis meses de empleo y sueldo», confirman sus colegas, que creen «todo el proceso sancionador está rodeado de misterio» y que muestran su «solidaridad» ante una sanción que creen «desmesurada e inaceptable».