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El Gobierno, a un paso de regular por vez primera el uso del polémico 'fracking' para la extracción de hidrocarburos

En España, esta técnica podría utilizarse para la explotación del gas no convencional

MADRID Actualizado: Guardar
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Tras largos meses de espera y cierta controversia, el Gobierno está a un paso de regular por vez primera el uso de la fracturación hidráulica ('fracking'), una técnica tan polémica como cada vez más extendida por el mundo para extraer hidrocarburos, sobre todo gas no convencional. El Ministerio de Industria ya venía dando hace tiempo permisos de exploración para ello -más de 70 en los últimos cinco años, aunque mantiene demoradas 'sine die' otras 45 solicitudes-, pero ninguno de explotación. "Estamos todavía en una fase muy preliminar", se justificaba hace pocas fechas su titular, José Manuel Soria, ante la "práctica paralización" -aunque no moratoria oficial- en que se encuentran esas actividades de reconocimiento, según los expertos.

El motivo, a juicio del catedrático y decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro, Ángel Cámara, es la "notable contestación pública", derivada sobre todo de los recelos a los efectos del 'fracking', una técnica de inyección a presión en el terreno necesaria para explotar el gas no convencional. También pesan en contra, aunque en menor medida, las elevadas inversiones necesarias -unos 30 millones de euros, según distintos estudios- para poner en marcha una explotación de ese tipo, lo que luego puede condicionar al alza el precio del propio gas natural de consumo habitual.

El primero de estos obstáculos puede ser removido en unos meses cuando se apruebe la futura Ley de Evaluación Ambiental -de momento, el consejo de ministros estudió este viernes un informe sobre el anteproyecto correspondiente-, pues dicha normativa contempla la evaluación todos los proyectos que requieran la utilización de ese tipo de técnicas para la extracción de hidrocarburos. Para ello habrá de considerar los posibles riesgos derivados de dicho método -como contaminación de acuíferos, uso de productos químicos y ácidos, microseísmos y escapes de gas que formarían luego CO2, entre otros-, que ya han hecho recelar a muchas administraciones.

Tres comunidades (La Rioja, Aragón y Cantabria) han llegado incluso a rechazar expresamente el uso de la controvertida fracturación hidráulica. Aunque para el profesor del IESE y ex directivo de Unión Fenosa José Luis López tales peligros son "muy matizables", e incluso descartables si se cumplen los controles. Según él, "un país como el nuestro, que importa el 99% de los hidrocarburos que consume, no puede permitirse el lujo de ignorar este tipo de explotaciones; sería irresponsable". No obstante, para Ángel Saz, director del centro ESADEgeo, España "no presenta, a priori, grandes reservas de ese gas". Las principales están en Asturias, norte de León, Soria, País Vasco, Cantabria, Pirineos, cuenca del Ebro, parte de Levante, Huelva y Cádiz.

Europa duda

Fuera de nuestras fronteras, el debate en torno a los pros y los contras de la explotación del gas no convencional -el que es más difícil o caro de producir que el tradicional- está totalmente abierto y, además, dura ya años. Tal es su importancia que en la Unión Europea, el territorio geopolítico con una regulación medioambiental más exhaustiva, todavía no existan explotaciones comerciales en ese ámbito. Polonia, pionera en su aprovechamiento con una ley específica, concentra casi un tercio (29%) de esos recursos energéticos en el continente, aunque las moratorias proliferan entre los socios comunitarios -Francia se replantea levantarla en los próximos meses-.

Rusia, Estados Unidos y China marchan mientras tanto a pasos acelerados a la cabeza de la producción mundial de gas no convencional -hablamos, sobre todo, del denominado 'shale gas', conocido como gas de esquisto o gas pizarra-, si bien las mayores reservas estimadas -según el Consejo Mundial de la Energía hay cerca de 700 yacimientos significativos por todo el mundo- se extienden por América, Asia y los territorios de la antigua Unión Soviética, sumando además a Argentina, México, Sudáfrica, Australia y Canadá a la lista de países con mayor potencial en ese campo.