El juez ordena investigar si los duques de Palma se acogieron a la amnistía

En menos de 24 horas, respuesta afirmativa. El juez del 'caso Nóos', José Castro, aceptó hoy la petición del sindicato Manos Limpias y ordenó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria que revele si los duques de Palma y los otros tres dirigentes del Instituto Nóos pudieron acogerse a la amnistía fiscal del pasado año, bien directamente ellos o bien a través de sociedades.

La providencia del magistrado, a la que ha tenido acceso este periódico, establece que Hacienda debe remitir en el plazo más breve posible un informe sobre las cinco personas que constituían la junta directiva de la supuesta asociación sin ánimo de lucro, acusada de haberse apropiado de más de seis millones de euros de dinero público. Se trata Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbón, Diego Torres, su mujer Ana María Tejeiro y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, quien ofició de tesorero de Nóos.

La orden a la Agencia Tributaria es que compruebe si alguno de los cinco pudo aflorar dinero negro «al amparo del Real Decreto-Ley 12/2012» o si pudieron hacerlo a través de las nueve sociedades de la galaxia Nóos ya identificadas: Nóos Consultoría Estratégica; Intuit Estrategy Innovation Lab; Shiriaimasu; Virtual Strategies, la inmobiliaria Aizoon, propiedad al 50% de los duques de Palma; De Goes Center For Stakeholder Management, la empresa usada para evadir fondos al extranjero; Blossom Hills, otra de las firmas usadas para opacar dinero; Instituto Nóos; y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, la institución que sustituyó a Nóos y que supuestamente también pudo sacar dinero a España.

Pero el juez va más allá, también reclama a Hacienda que le informe si los duques de Palma, el matrimonio Torres-Tejeiro o el secretario de las infantas «han procedido por sí o por persona interpuesta a alguna regularización fiscal"», como pudieran ser declaraciones complementarias al margen de la amnistía. Castro ordena que se le «aporten todos los datos que resulten». Es más, establece que se autorice «expresamente» a la Agencia Tributaria para usar todas sus «bases de datos informatizadas a efectos de la emisión de los informes interesados».

Urdangarin el pasado fin de semana negó por activa y pasiva tener activos en el extranjero, aunque está ya imputado por ocultar en una cuenta de Credit Suisse de Lausanne los 375.000 euros que el directivo de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, le entregó en varios pagos como remuneración por supuestos trabajos de asesoría. A la supuesta evasión, hay que sumar casi otro medio millón de euros que el duque y el matrimonio Torres supuestamente defraudaron directamente en España, según el informe que la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña. Este martes, su abogado, Mario Pascual Vives, aseguró tajante que «en absoluto» el yerno y la hija menor del Rey se acogieron a la amnistía fiscal.

Comienzan los trámites

La petición sobre la amnistía fiscal no fue la única de Castro a Hacienda. El juez reclamó, en ese mismo oficio, a la Agencia Tributaria un análisis pormenorizado al extremo sobre todo lo que se pueda embargar, más allá de bienes inmuebles, a Urdangarin y Torres para hacer frente a la fianza civil de casi 8,2 millones de euros que le impuso el pasado 30 de enero y que los dos principales imputados del caso no han satisfecho.

El magistrado quiere empezar por lo más fácil, el dinero contante, por ello reclama a la Administración Tributaria otro informe sobre «cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión y cualquier otro activo» a nombre del marido de la infanta y de su exsocio, de las sociedades del entramado o de cualquier otra firma en «cuyo capital social» participen Urdangarin y Torres.

Según explicaron fuentes de la investigación, en el caso del yerno del rey muchas de esas cuentas o depósitos están también a nombre de Cristina de Borbón, por lo que será el juez el que determine qué cantidad exacta se decomisa, en el supuesto de que todavía haya dinero. Lo mismo ocurre con el capital de Aizoon, la inmobiliaria de la que son copropietarios al 50% el matrimonio Urdangarin-Borbón. En ese caso, Castro ordenará el embargo total del dinero, porque considera probado que Aizoon, al margen de su titularidad compartida, fue un instrumento para desviar a bolsillos privados dinero público.

Tras el decomiso del dinero en "cash", José Castro comenzará a peritar el valor de los bienes muebles, y sobre todo, inmuebles de los dos imputados, empezando por el activo más jugoso de Urdangarin, el famoso Palacio de Pedralbes de Barcelona, residencia de los duques y sus hijos.