Brasil saca del olvido su 'guerra sucia'

Argentina, Chile y Uruguay hace tiempo que decidieron que la Justicia expusiera a la luz pública los horrores de la guerra sucia de las dictaduras y que sus responsables rindieran cuentas ante los tribunales. En Brasil, en cambio, parecía que todo había sido diferente y que la ola de represión salvaje que asoló el cono sur de Iberoamérica desde finales de los sesenta hasta mediados de los ochenta había pasado de largo.

Ha sido una de las víctimas de aquella dictadura y hoy presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien el pasado mayo decidió poner en pie una comisión de la verdad para investigar una dolorosa etapa de la historia del país en la cientos de personas desaparecieron o fueron asesinadas a lo largo de 20 años de régimen militar. La mandataria brasileña sufrió largas sesiones de tortura en los tres años que estuvo presa de la dictadura (entre 1970 y 1973) como guerrillera de uno de los principales grupos que luchaba contra los militares. La prensa brasileña publicó una entrevista de Rousseff con el Consejo de Derechos Humanos de Minas Gerais en la que narró cómo los torturadores “solían atarla cabeza abajo en un palo para después aplicarle cargas eléctricas”. También sufrió una simulación de fusilamiento, fue azotada, golpeada y perdió un diente a causa de un puñetazo. En su declaración la presidenta dijo: “Descubrí, por primera vez, que estaba sola. Encaré la muerte y la soledad. Me acuerdo del miedo cuando mi piel tembló. Es una experiencia que nos marca el resto de la vida”.

Como sucedió en las dictaduras vecinas, antes de abandonar el poder los jerarcas procuraron blindarse legalmente para evitar que sus crímenes les llevaran en un futuro al banquillo de los acusados. Según la ley de amnistía promulgada en 1979 y ratificada en 2010, la comisión no podrá enjuiciar a nadie.

Primeros procesos

Sin embargo, el pasado agosto y en una decisión inédita, el tribunal federal de Marabá sorteó la ley de amnistía y acogió las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra dos mandos militares, el excoronel Sebastiao Curió y el ex mayor Licio Maciel, que habían sido rechazadas en marzo. Los dos oficiales están acusados de secuestrar y desaparecer a tres integrantes de la guerrilla creada por el partido comunista de Brasil. La juez Nair Pimienta de Castro consideró que la citada ley no tenía aplicación al no haber caducado el delito de secuestro y desaparición, ya que el estatus de las víctimas, al no haber sido encontradas todavía, es de desaparecidos. Se considera que el secuestro continúa y que supera el período de los crímenes amnistiados por la norma.

Muro legal

La decisión de la juez Pimienta de Castro supone una primera fisura en el muro legal de impunidad que se quiere derribar, como sucedió en Argentina y Uruguay. Pese a que se haya prohibido expresamente a la comisión presentar las investigaciones ante los magistrados, el Gobierno ha dado señales de no renunciar a que los casos lleguen finalmente ante la Justicia, como ha declarado en varias ocasiones la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes.

Además de las torturas, asesinatos y desapariciones, la comisión deberá investigar las muertes de dos expresidentes: Joao Goulart, de quien se sospecha que fue envenenado por los servicios secretos brasileños en Argentina, y Juscelino Kubitschek, que murió en un extraño accidente de coche.