Cristina Fernández sufre otro revés en su pulso con Clarín

La Corte Suprema de Argentina ha rechazado un recurso presentado por el Gobierno para que se aplique a Clarín, el mayor grupo multimedia del país, una cláusula antimonopolio que le obliga a desprenderse de licencias de radio y televisión.

"Se declara inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto", señala el fallo del Supremo Tribunal de Justicia. En el fallo, que ha resultado unánime, la Corte sostiene que el recurso del "per saltum" debe interponerse tras una sentencia de un juez de primera instancia, tal y como determina la ley.

La demanda del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, enfrentada a Clarín desde hace cinco años, fue presentada el viernes después de que un tribunal de apelaciones diera la razón al grupo en el sentido de que no se pueden licitar licencias mientras no haya una resolución de fondo respecto a la constitucionalidad de la ley. La justicia de primera instancia está analizando desde hace tres años, sin dar ninguna sentencia de fondo, una demanda de Clarín para declarar inconstitucional la cláusula de la ley -sancionada con amplia mayoría legislativa en 2009- que obliga a los grupos multimedios a desprenderse de frecuencias una vez superado cierto número. Clarín sostiene que la cláusula ataca la propiedad privada y atenta contra la libertad de expresión.

El revés judicial del Gobierno sucede a un vehemente discurso hecho por Cristina Fernández el domingo en un multitudinario acto en la Plaza de Mayo, donde reclamó que la "justicia tiene que ser independiente de la política y de las corporaciones", en otra crítica a la demora judicial por resolver el tema.

Maraña judicial

El caso está inmerso en una maraña judicial de quejas, demandas y recursos y en los tribunales. Ahora la expectativa está puesta en el pronunciamiento del juez de primera instancia, que debería conocerse antes del receso judicial de enero.

El Ejecutivo había apostado al 7 de diciembre, al que bautizó "7D", como una fecha emblemática de su gestión con la puesta en marcha de la ley de Medios Audiovisuales, pero sus planes se vieron frustrados.

El viernes pasado, en coincidencia con el 7D, llegó a Buenos Aires una delegación de la empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que criticó los problemas de la prensa libre en el país sudamericano. Tras reunirse con legisladores de la oposición, la entidad advirtió en un comunicado que "continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo” en Argentina. Según la SIP, "en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero el Gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos".

En el país existen 20 grupos multimedia que están violando la ley, de los cuales Clarín es el único que se rehúsa a desinvertir, mientras que el resto presentó voluntariamente planes de adecuación a la autoridad regulatoria (AFSCA). Según datos del AFSCA, Clarín posee "el 41% del mercado de radio, el 38% de la televisión en abierto y el 59% de la televisión por cable, cuando el máximo (que marca la ley) en todos los casos es 35%". Clarín, uno de los principales grupos mediáticos de América Latina, tiene el diario de mayor circulación en Argentina, canales de aire y de cable, radios y redes de televisión por cable, con un volumen de negocio de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011.