Garoña debe certificar su cierre antes del 7 de noviembre

Nuclenor, la empresa que explota la central nuclear de Garoña (Burgos), tiene como fecha tope el próximo miércoles 7 de noviembre para comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear su decisión sobre el futuro de la instalación industrial. Pese a que todo hace indicar que Nuclenor ya ha tirado la toalla y el Gobierno ha asumido el cierre de la central, la compañía eléctrica debe anunciar sin más dilación si prorroga o no las operaciones hasta 2019, tal y como pretendía el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Nuclenor asume que el coste de las mejoras que debería de introducir la central, tanto internas como externas, el mantenimiento de las instalaciones, el previsible impuesto por residuos que prepara el Ministerio de Industria o la ‘ecotasa’ de la Junta de Castilla y León generan un gasto que no pueden asumir.

Sólo en requerimientos de seguridad por parte del Consejo de Seguridad Nuclear son 120 millones. A esto hay que añadir otros 40 millones en previsibles impuestos. Por lo que una cifra estimada de seguir operando hasta 2019 estaría en torno a los 400 millones. Todo esto unido a la incertidumbre en el sector energético por el pago del déficit tarifario eléctrico, que supera los 24.000 millones.

El Consejo de Seguridad Nuclear apremió en agosto a Nuclenor para que dijera cuándo iba a cerrar la central, según marca el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Entonces, la compañía contestó que analizar el expediente de mejoras con tan poco tiempo pondría en riesgo la seguridad. Sin embargo, ahora no hay marcha atrás y el 7 de noviembre deberá confirmar su decisión.

El previsible fin de la actividad de Santa María de Garoña pone el broche a una época para las 1.500 familias que vivían de la central, para los colectivos ecologistas que durante décadas han luchado por su cierre, para los ayuntamientos de la comarca de la Merindades que obtienen ingresos con su presencia, e incluso para las 250.000 familias cuyo consumo eléctrico suministra el reactor de la planta burgalesa.

Es la central más antigua en activo (1971) y, con mucho, la que menos electricidad produce en España, apenas el 6% de lo generado por los ocho reactores actualmente en funcionamiento.