De ladrones de gallinas a criminales sin escrúpulos

Robert Magyar, húngaro de 42 años, pasaba sus vacaciones en una urbanización de Marbella cuando un importante despliegue policial irrumpió en su casa el jueves 23 de agosto. Los agentes dieron con este cabecilla de una organización criminal tras 'saltar' la Orden Europea de Detención (OED) que pesaba sobre él. Las autoridades húngaras le perseguían por su implicación en varios delitos y su rostro figuraba en la lista de fugitivos más buscados en España.

De gran corpulencia, experto en artes marciales, dirigía la banda 'black army', a la que se atribuyen homicidios y proxenetismo y que podía movilizar a más de un millar de personas. Su expediente judicial refleja, incluso, cómo llegó a enterrar vivo a un miembro de una banda rival.

Magyar llegó a los calabozos de la Audiencia Nacional el 25 de agosto, dos días después de su detención. El tribunal central es el encargado de tramitar las OED. Siete policías lo subieron hasta el juzgado de instrucción número dos. Antes de entrar, el juez Ismael Moreno aceptó la sugerencia de que le interrogaran esposado debida a su especial peligrosidad.

Tras su declaración fue enviado a prisión mientra se tramita su entrega a Hungría para ser juzgado. Este país hará frente al gasto que supone enviarlo en avión con diversos policías. Además, tiene en vigor varias órdenes de extradición emitidas por la justicia de Noruega, Islandia y Suiza.

Dinero y faltas

No todos los detenidos que pasan por la Audiencia Nacional tienen este perfil tan oscuro. Este verano, por ejemplo, los juzgados centrales de instrucción han tramitado cuatro euro-ordenes cada día, 230 entre el 1 de julio y el pasado 26 de agosto.

Así, el tribunal presidido por Ángel Juanes ya es el que más entregas diarias realiza de todos los órganos judiciales del mundo. De esto se deduce que muchos fugitivos eligen la costa mediterránea española como lugar de vacaciones y cuando cruzan la frontera o chequean en su hotel 'salta' la OED.

Este es el caso de decenas de perseguidos en sus países por delitos que en España no pasan de falta. Los jueces, por ejemplo, se han visto en la obligación de dejar en la calle a arrestados acusados de robar cerdos, gallinas, gasolina o tocones de árboles. Un proceso que se tramita de la misma forma que si se tratara de un criminal como Robert Magyar.

Esto supone asignar a un funcionario la tramitación del expediente, llamar a un abogado de oficio, avisar a un intérprete y movilizar al fiscal. Total, se invierte tiempo y dinero en un proceso que está abocado a que el detenido quede en libertad. Por ello no es raro ver salir en verano de la Audiencia Nacional a individuos en pantalón corto, chanclas y sin dinero para regresar al lugar donde fue detenido.

"No tiene ningún sentido pagar un avión desde Andalucía a Madrid para traer a una persona que va a quedar en libertad tras comparecer aquí", argumentan varios jueces. El problema es que las OED son competencia exclusiva del tribunal central, aunque los magistrados plantean que los delitos menores los tramiten los juzgados más cercanos al lugar de la detención.