La deuda autonómica, desbocada

El banco de España hizo públicas las cifras de la deuda autonómica del año pasado: llegó a los 140.083 millones de euros, un 17,2% más que el ejercicio precedente y el 13,1% del PIB, la más alta de toda la serie histórica. Y el último peldaño de un escala ascendente que no ha parado de crecer desde 1995. Notoriamente, el mal de dato de 2011, año electoral, se ha debido tanto al afán de no realizar recortes que afectasen al voto durante el ejercicio cuanto a la proverbial lentitud de reflejos de las administraciones autonómicas ante una crisis que la Administración Central detectó y se aplicó a remediar mucho antes. De cualquier modo, las comunidades con más descontrol han sido Cataluña, el País Valenciano y Madrid, por este orden, que acaparan conjuntamente más del 55% de la deuda total.

El descontrol autonómico tiene una causa de fondo que es preciso remediar de raíz, aunque ello no será fácil en absoluto: las administraciones regionales se ocupan del gasto pero no de la recaudación, que en buena medida les llueve del cielo (los recursos de que disponen son partidas presupuestarias concretas o impuestos cedidos del Estado). Es, en fin, necesario vincular los ingresos a los gastos, de forma que los administradores y los ciudadanos se percaten de que existe una relación entre ambos. La evidencia de que la recaudación baja debería servir para frenar la gestión derrochadora de los gobiernos autonómicos. Difícilmente se generará en este país conciencia fiscal si los contribuyentes no terminan de forjar la convicción de que han de aportar recursos para recibir bienes y servicios en justa correspondencia a su esfuerzo.

Parece, de cualquier modo, que tiene toda la razón Rajoy al afirmar que tenemos un mal modelo de financiación autonómica –el actual se negoció después del Estatuto de Autonomía de Cataluña, para adaptarse a él- y que se necesita pensar otro nuevo, en el marco general de los tres niveles administrativos, tarea que por lógica debería realizarse con el máximo consenso posible. Esta negociación podría servir también para atender en lo que resulte atendible la demanda de un pacto fiscal para Cataluña, en el sentido de ‘federalizar’ el Estado de las Autonomías y de establecer ciertos límites justos a la solidaridad que dé seguridad jurídica a todos y concilie la labor de locomotora de las regiones más ricas con el afán de superación de las que les van a la zaga y que han de tener como objetivo preferente alcanzar cuanto antes los promedios de renta y bienestar. El modelo federal alemán, ya muy rodado, puede servir de pauta, en ciertos aspecto, de la reforma necesaria.