El TS se opone a conceder el indulto al consejero del Santander

El Tribunal Supremo ha acordado informar desfavorablemente sobre la petición del consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, de que el Gobierno le conmute la pena de tres meses de arresto e inhabilitación profesional que le impuso este tribunal por una denuncia falsa contra unos deudores de Banesto en 1994.

Según fuentes del Alto Tribunal, los cinco magistrados de la Sala de lo Penal que condenaron al ejecutivo bancario han considerado que no existen "razones de justicia o equidad" para que se conceda el indulto.

La posición del Supremo coincide con la expresada por los empresarios catalanes que fueron denunciados falsamente por Sáenz y otras dos personas como medida de presión para que pagaran las deudas de sus empresas con Banesto. Por el contrario, la Fiscalía se había mostrado favorable a la concesión de un indulto parcial.

Los empresarios catalanes consideraron que "la concesión de un indulto para las benignas penas impuestas" al número dos del Santander sólo podría entenderse como "el tributo del poder oficial al poder real de las finanzas".

"Setencia injusta"

Cuando reciba el informe del Supremo, que no es vinculante, el Ministerio de Justicia deberá decidir si concede o no la medida de gracia a Sáenz, que sería sobre todo útil en relación a la pena de inhabilitación que se le impuso para ejercer cualquier actividad bancaria. De hecho, el número dos del Santander no llegará a ingresar en prisión para cumplir la pena de cárcel, ya que es inferior a dos años y el ejecutivo carece de antecedentes penales.

Para evitar el cumplimiento de la sentencia del Supremo, que considera además "injusta", Sáenz recurrió el pasado mes de marzo al Tribunal Constitucional bajo los argumentos de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.

El pasado mes de marzo, el Supremo condenó a Sáenz al considerar probado que dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, con el objetivo de que pagaran 639 millones de pesetas que debían sus empresas.