España investigará por primera vez en su historia un feminicidio

La justicia española investigará por primera vez un feminicidio en su historia. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, cuyo juzgado mantiene abierto desde hace once años un sumario para esclarecer el genocidio entre 1962 y 1996 de 170.000 indígenas mayas a manos de los militares guatemaltecos y el desplazamiento de otro medio millón de personas, aceptó hoy ampliar esa causa específicamente a los crímenes de género cometido contras las mujeres indígenas.

Pedraz, en un auto firmado este martes, suma a la investigación original sobre los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad -en la que están imputados varios exaltos cargos militares, entre ellos el general José Efraín Ríos- los ilícitos de "crímenes de género" y "crímenes contra la indemnidad sexual" en su variante de tortura y genocidio, entre otras.

El magistrado admite así a trámite la petición de la asociación "Women's Link Worldwide", tras entender que los "múltiples documentos, testimonios y periciales" presentados por las abogadas de este colectivo son indicios más que suficientes de que, dentro de ese genocidio, hubo una persecución específica de las mujeres, por el mero hecho de serlo. En particular, según Pedraz, las indígenas fueron objeto entre 1979 y 1986 de "formas específicas de persecución y violencia, y especialmente de tipo sexual" por parte de "agentes del Estado", tales como miembros del ejército, paramilitares y "patrullas de autodefensa civil".

El instructor, a la vista de la documentación aportada, da por buenos los datos de Women's Link Worldwide": sólo en esos años hubo 1.465 violaciones de mujeres, el 97%de ellas cometidas por militares. Uno 88,7% de las víctimas eran mujeres mayas. El 62% de las víctimas tenía entre 18 y 60 años y un 35% eran menores de edad.

"Extrema crueldad"

El auto describe la "extrema crueldad de las agresiones": "muchas mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual, pues mientras duraban los asedios a algunas mujeres las mantenían con vida para ejercer sobre ellas continuas agresiones sexuales ( ) hubo empalamientos, atroces y brutales actos sexuales a mujeres embarazadas y niñas, llegando a ser sucesivamente violadas por varios agentes, incluso en presencia de otros miembros de la comunidad ( ) hubo feticidios a través de la apertura de vientres".

"Toda esta violencia -explica el juez para reforzar la acusación de feminicidio- fue planificada desde el entrenamiento militar, en el cual las agresiones sexuales se constituían en una práctica habitual, siendo incluso ordenadas por los mandos superiores señalando la forma precisa de hacerlas".

Según Pedraz, este feminicidio tenía como fin extender una "estrategia de terror" y "asegurar el fin de la transmisión de la cultura maya y la desaparición del grupo, provocando muertes, abortos, feticidios y uniones forzadas"

La Audiencia Nacional investiga el genocidio maya desde marzo de 2000. El entonces titular del Juzgado Central número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, aceptó abrir una investigación criminal sobre aquellos hechos, después de que la premio Nobel de la paz Rigoberta Menchú denunciara en diciembre de 1999 a ocho mandos militares guatemaltecos, entre ellos dos ex presidentes y un ex jefe de Estado, como responsables del exterminio de los indios. El genocidio durante las dictaduras que sojuzgaron Guatemala entre 1962 y 1996 se convertía entonces en la tercera investigación que la Audiencia Nacional abre sobre las atrocidades cometidas por los regímenes militares en América, tras los sumarios ya en marcha sobre Argentina y Chile.