ETA y su intolerable papel de actor

El comunicado de ETA, extraordinariamente parecido en el tono y en la forma al de 2006, no significa en absoluto el final del problema de la existencia de una organización terrorista incrustada en la democracia española.

En una primera lectura, destaca en el texto la declaración de “un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Éste es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada”. Sin embargo, si se extrema la atención, se verá que el adjetivo “definitivo” está en mal sitio para resultar del todo tranquilizador: lo que ha de ser ‘definitivo’ es el alto el fuego, el final de ETA, el cese de cualquier género de violencia.

En resumidas cuentas, el comunicado, que “no es una mala noticia pero no es la noticia” como ha dicho el ministro del Interior, presenta dos graves elementos que lo relativizan e incluso lo invalidan. En primer lugar, ETA no muestra la menor intención de desaparecer, o por lo menos de dejar de ser una organización armada y pasar a la legalidad como partido político o de cualquier otra forma. Antes al contrario, el comunicado afirma que “ETA no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático, hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria”. Con independencia de que resulta irónico que los asesinos hablen de democracia y pretendan explicarnos cómo se construye, no se ve en esta frase la menor disposición a una retirada política, ni mucho menos a una extinción.

En segundo lugar, y aunque el preámbulo pueda parecer mera retórica, ETA insiste en sus tesis, en unos criterios cuyo intento de imposición ha costado más de 900 vidas. El texto exige “resolver las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación, que son el núcleo del conflicto político”. De ahí que, aunque reconoce que “corresponde a los agentes políticos y sociales vascos alcanzar acuerdos para consensuar la formulación del reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir”, es difícil no pensar que ETA mantiene la pretensión de arbitrar desde las alturas este proceso, y aun de desenfundar otra vez la espada flamígera si alguno osa desencaminarse de la ruta trazada por la taumatúrgica voluntad de las pistolas. Y debería haberse percatado ETA hace tiempo –lo hubiera hecho de no estar ciega por su violencia endogámica- de que el pueblo vasco desea, en efecto, gozar de una libertad sin límites, es decir, sin la constricción insoportable del terrorismo.

Es claro que este comunicado es irrelevante desde el punto de vista de la legalización de Batasuna, que sigue teniendo ante sí el dilema ya conocido si quiere formar parte de la comunidad política y participar en los procesos de representación: o consigue que ETA desaparezca fehacientemente, o rompe con ella con claridad, sin subterfugios. Después de tanto dolor y desolación en Euskadi, el rechazo a la violencia ya no puede reducirse a una declaración bien intencionada: debe incluir rectificaciones explícitas y renuncias muy concretas de acuerdo con las definiciones del artículo 9 de la ley de Partidos, que goza del más absoluto respaldo del Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.