De la defensa a ultranza al deseo de una condena

Baltasar Garzón está muy cerca de ser suspendido después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela haya anticipado que le abrirá juicio oral en un auto en el que le recuerda que un juez depende "sólo, pero siempre, de la ley" y que él ignoró la de Amnistía al investigar el franquismo. La polémica decisión ha despertado opiniones y respuestas diversas, algunas de ellas muy enfrentadas, que van desde la defensa a ultranza del juez a la satisfacción por la decisión de Varela y la expectación ante una posible condena.

Francisco Caamaño, ministro de Justicia: "Insisto en mi respeto a las decisiones judiciales y en la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario de todas las personas encausadas, también cuando éstas son jueces. Reitero mi confianza en el Tribunal Supremo y el máximo respeto al Poder judicial en el ejercicio de sus funciones. Son los vocales del Consejo General del Poder Judicial quienes ahora tienen que ver la repercusión del auto del juez Varela y, en función de ello, aplicar las leyes que establecen en qué casos se debe proceder a una posible suspensión".

Rosa Díez, diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD): "Es absolutamente impresentable, y aún más grave tratándose de un juez, que Baltasar Garzón haya optado por una defensa política intentando deslegitimar a quienes le han denunciado por prevaricación al abrir una causa contra el franquismo en lugar de defender jurídicamente y aclarar si los hechos de que se le acusan son o no ciertos. En España tenemos que aprender a juzgar a las causas por sus hechos y no por quién ha planteado la demanda o instruye el caso. Garzón tiene que defenderse como un ciudadano más, con pleno derecho a su presunción de inocencia, y sentarse en el banquillo si es necesario. Al optar por una defensa política, Garzón muestra un absoluto desprecio a la autonomía de la independencia judicial en España. "Se ha equivocado, es una táctica política nefasta para el sistema democrático".

Antonio Hernando, secretario de Política Municipal del PSOE: "El partido socialista confía en la Administración de Justicia y en que este tema se va a solucionar cuanto antes. Baltasar Garzón es uno de los jueces españoles que más ha hecho en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la delincuencia organizada y en la lucha contra la corrupción".

Esteban Beltrán,director de Amnistía Internacional España: "Es insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura del general Francisco Franco. La Ley de Amnistía de 1977 intentaba impedir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Sería insólito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación y un mensaje tremendo a otros países de que el juez que lo intenta es procesado".

Cayo Lara, líder de IU: "Lamento la decisión del juez Varela de sentar en el banquillo al magistrado Baltasar Garzón. Creo que es una afrenta a las asociaciones de defensa de la Memoria Histórica y a las víctimas del franquismo. Con esta decisión, el juez ha atendido más a las organizaciones ultraderechistas y lo ha hecho en contra de la opinión de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. España es un país de paradojas, puesto que mientras muchos chorizos acusados de corrupción se pasean por la calle, el juez que quiso hacer justicia y juzgar los crímenes del franquismo tendrá que hacer frente a los tribunales. Es una imagen de pena que se está dando ante los países con democracias avanzadas".

Fernando Magán, abogado de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica: "Es una situación de total indefensión para Garzón que se prohíba acudir a los testigos solicitados en su defensa por el magistrado al juicio que se celebrará contra él en el Tribunal Supremo. Reclamo que es el derecho de las asociaciones de la Memoria Histórica asistir como parte a la vista oral. Si Garzón es condenado por esta causa, la investigación abierta por el tema de las fosas del franquismo en otros órganos judiciales españoles quedará prejuzgada. Los magistrados que están instruyendo las causas contra Garzón están contaminados por su oposición a la ley de Memoria Histórica y son los mismos que no admitieron la querella de la nieta del último presidente del Gobierno de la II República, Carmen Negrin, contra los jueces de la Audiencia Nacional que impidieron a Garzón seguir investigando las desapariciones del franquismo al declararle incompetente. Por todas estas razones, nuestras asociaciones han acudido al Tribunal Constitucional para pedir la suspensión de la causa porque estos hechos causarían unos prejuicios enormes y casi irreparables a las asociaciones de víctimas".

Ignacio Fernández Toxo,secretario general de CCOO: "Es un escándalo que organizaciones que en Alemania estarían ilegalizadas hoy, de suceder esto en aquel país, estén a punto de sentar en el banquillo de los acusados a un juez por el hecho de intentar poner a la luz lo que sucedió después de la Guerra Civil en España. "Es muy importante la memoria histórica, que un país no sufra amnesia, que no olvide lo que ha sucedido ni las lecciones de un pasado que no siempre fue presentable".

Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias: "Es un triunfo del Estado de Derecho,del sistema democrático y del principio de legalidad, que establece que nadie está por encima de la ley, la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a Garzón. Si este juez es condenado, se extirpará el cáncer de la Justicia española. Estoy convencido de que habrá una sentencia condenatoria pese a las presiones terroríficas de los últimos meses, como las del presidente del Gobierno. No hay ningún complot ni persecución a Garzón, nuestro sindicato se limita a defender la legalidad vigente ante la pasividad del Ministerio Fiscal. Si finalmente Garzón es condenado, confiamos en que se reactiven algunos casos actualmente bloqueados en su juzgado, como la investigación del supuesto chivatazo a ETA durante la última tregua, que esperamos que asuma el juez Fernando Grande-Marlaska".

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción: "Garzón es víctima de la extrema derecha española o de organizaciones de la ultraderecha como es Manos Limpias, en nombre de una supuesta acción popular que no tiene nada de popular. Son puros instrumentos de venganza y de pasar cuentas".

Laia Ortiz, portavoz de ICV: "La decisión de Varela es una muestra de involución democrática de este país y nos recuerda a otros momentos de la historia. Varela es cómplice de la desmemoria y de los sectores de ultraderecha de España. Su decisión puede crear un precedente vergonzoso a nivel internacional de cara a procesos similares que puedan abrirse en otros países. Es indignante que, mientras en Alemania, Argentina y Chile la justicia actúa para castigar, condenar y restablecer la dignidad de las víctimas del nazismo y otros dictaduras, España se convierte en el hazmerreír de la comunidad internacional cuando en pleno siglo XXI se impide la investigación de los crímenes cometidos por el fascismo, que continúan en la más absoluta impunidad".

Portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI): Coinciden en señalar que el último paso dado por el magistrado del Supremo significa, "sin lugar a dudas", que el alto tribunal considera que hay indicios suficientes para "proceder" contra Garzón, con lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) procederá a apartarle de sus funciones.