Último intento de los agentes concursales para vender por trozos el suelo de Delphi

Los administradores concursales que gestionan los antiguos terrenos de Delphi han dado una última oportunidad al complejo industrial antes de firmar su demolición, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los responsables concursales sacarán de nuevo a la venta la parcela, ya que ahora hay más posibilidades que antes de que algún inversor puje por ella. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Puerto Real ha impulsado la redacción de un estudio de detalle del complejo industrial y la Gerencia de Urbanismo ha permitido con ello segregar el terreno para poder venderlo por separado. Se trata de la última oportunidad antes de proceder a su derribo.

La titular del juzgado de lo Mercantil de Cádiz, María del Castillo Mendaro, falló a favor del derribo del complejo a mediados del pasado enero alegando que mantener en pie estas naves solo empeoraría la situación económica y alejaría una posible solución para los acreedores. Los sindicatos, el Ayuntamiento de PuertoReal y la Junta de Andalucía rechazaron entonces esta medida. Las tres administraciones confían en que la supervivencia de los edificios garantiza una salida más fácil a los terrenos que si pasan a ser un solar vacío más en mitad de la Bahía.

Los terrenos de la vieja factoría han sido el caballo de batalla de los exdelphis, que han visto en su venta para uso industrial la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral gracias a la entrada de nuevos inversores.

Varios intentos fallidos

Ya se intentó en diciembre de 2012 cuando la dirección del grupo asiático-americano BWI Co. (Beijing West Industries) fijó su atención en los terrenos de Delphi, en el polígono del Trocadero, para abrir allí una fábrica de amortiguadores y componentes de automoción. La Junta, a través de la Consejería de Innovación y Empleo, se encargó de pilotar desde Sevilla las conversaciones con la multinacional, pero no hubo suerte, ya que los asiáticos pretendían implantar en la Bahía una política laboral que estaba al margen de la normativa española en materia de salarios.

La liquidación del patrimonio que dejó Delphi en la Bahía tras su cierre definitivo en junio de 2007 está siendo gestionada desde entonces por tres administradores concursales. Su deber es conseguir atender a la veintena de acreedores de Delphi, entre los que se encuentran desde el propio Estado hasta pequeños y medianos empresarios. El conjunto de los acreedores reclama más de 10 millones de euros. Durante todos estos años han creído que la solución pasaba por la venta de los suelos y sus naves a una empresa interesada en montar otro negocio o bien a la Administración pública. En estos casi ocho años solo una empresa se ha instalado allí para ocupar una parcela de 39.000 metros cuadrados del total de 250.000 para montar una planta de reciclaje.

En este caso se trataba de la oferta lanzada por el empresario gaditano Antonio Moreno, que montó en una de las viejas naves de la factoría de Delphi una planta para el reciclaje de residuos industriales. La nueva compañía que nacía en el seno de las cenizas de Delphi era Redelsur, encargada de reciclar residuos líquidos de la industria. Sin embargo, Moreno ha sido expedientado y sancionado por la propia Junta de Andalucía al incumplir con la normativa básica medioambiental en materia de vertidos y ha dado al traste con su proyecto. Moreno utilizó buena parte de la infraestructura de la antigua Delphi para poner en marcha su proyecto, pero no ha cuajado. De hecho, llegó a contratar a varios exdelphis para su arranque.

El plan de liquidación de Delphi, elaborado en 2009, valoró los terrenos y edificios de Delphi en 44 millones de euros. Pero mantenerlos en pie ha costado más de dos millones. Así que los administradores concursales pidieron en 2015 a la juez permiso para derribar las naves. La petición fue atendida y en enero de 2016 la juez aceptó la propuesta. Posteriormente fue reafirmada por el Alto Tribunal de Andalucía.

El pasado 22 de febrero se cumplieron nueve años del cierre de la factoría de Puerto Real y el triste aniversario gaditano coincidió en el tiempo con la desaparición de otra de sus plantas en nuestro país. Se trataba de la fábrica de Sant Cugat del Vallés, en Barcelona. Medio millar de trabajadores de la factoría catalana trataron entonces de salvar los muebles ante una decisión empresarial que no tenía vuelta atrás. El mes pasado echó el cierre definitivo a las instalaciones catalanas.

La multinacional, como hizo en Cádiz en febrero de 2007, ha alegado pérdidas y falta de competitividad para echar la persiana y trasladar así su actividad a otras zonas con menos costes laborales. Hoy todavía quedan 420 extrabajadores de la planta de Puerto Real reclamando a la Junta lo firmado en el protocolo de julio de 2007. El TSJA también se encargó el pasado enero de poner las cosas en su sitio y de eximir a la Junta de esa responsabilidad de recolocación, ya que el protocolo fue una declaración de intenciones pero nunca, según la justicia, un decreto de obligación.