Siete años de instrucción para aclarar el mayor fraude en ayudas públicas

La instrucción sobre el mayor fraude cometido en la provincia con ayudas públicas sigue atascado en el juzgado. El denominado 'caso Bahía Competitiva' lleva siete años de instrucción y no hay fecha, de momento, para fijar un juicio que aclare el destino de más de 14 millones de euros que se esfumaron en 2011 para la reindustrialización la Bahía. La titular del juzgado número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, tramita este caso, que suma una veintena de imputados . Las últimas declaraciones datan de noviembre de 2017. Desde entonces, la investigación para averiguar si hubo o no una trama político-empresarial para desviar el dinero ha avanzado poco. LA VOZ ha podido saber que algunos abogados han solicitado la reactivación del caso para acabar con la imputación de sus defendidos.

Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir el Ministerio de Industria la justificación de 14 millones de euros en subvenciones, obligó en 2012 a endurecer las reglas del juego para conceder nuevas ayudas públicas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. A partir de entonces, la Administración central obligó a los aspirantes a presentar avales bancarios para hacerse con un pellizco de estas ayudas y, además, redujo las competencias de la Diputación de Cádiz para la baremación de los proyectos empresariales que optaban a ellas.

El 'caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir Industria la justificación de una de las ayudas concedidas y denunciar la propia Junta un presunto fraude . El 3 de noviembre de 2011 agentes de la UDYCO detuvieron en la localidad de A Pobra, en la costa coruñesa, a Manuel Alejandro Dávila Ouviña. En verano de ese año, el BOE hizo pública la resolución del Ministerio de Industria por la cual se ordenaba el reintegro de 14,5 millones de euros concedidos a tres empresas en el marco del Plan Reindus para la creación de actividad empresarial y empleo en la Bahía de Cádiz.

Las tres sociedades que solicitaron ese paquete de ayudas públicas venían del brazo de Ouviña, que no tuvo éxito con la administración gallega y que, sin embargo, logró convencer a los responsables de canalizar esas subvenciones en Cádiz. Le otorgaron ese dinero en las convocatorias de 2009 y 2010 y también para que once empresas suyas volvieran a probar suerte al año siguiente.

La detención aquel día de Ouviña y de siete personas más fue solo la primera parte de una investigación que nació en abril, cuando la Junta acudió a la Fiscalía de Sevilla para denunciar un posible fraude en las ayudas a la reindustrialización. Ouviña había presentado un aval bancario falsificado entre los documentos para solicitar las ayudas de 2011 . Además, rastreando en los proyectos del gallego, la Administración autonómica comprobó que tres de sus sociedades (Cádiz Solar, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales) habían incumplido sus intenciones de abrir empresas que se deberían dedicar a la construcción de acumuladores eficientes, a la reutilización de los restos del sector pesquero y a la monitorización de la calidad del agua.

Tras ordenarse las detenciones y registros y acordarse el envío a prisión de Ouviña y de un empleado suyo, las actuaciones fueron derivadas al juzgado nº 4 de Cádiz, donde aún se instruye la causa.