TRIBUNALES

Maribel Peinado, a los juzgados en abril de 2020

La exalcaldesa de Puerto Real está citada a declarar por el 'caso de los aceites'. La Fiscalía solicita para ella ocho años de inhabilitación

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La exalcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo año. La también exvicepresidenta de la Diputación de Cádiz está citada a mediados de abril de 2020 para declarar por el denominado 'caso de los aceites' en el juzgado de lo penal número 5 de la capital gaditana.

La Fiscalía pide para Peinado y para otros seis concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local de Puerto Real durante la fecha de los hechos ocho años de inhabilitación para cargo público.

El Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Real imputó en 2014 a la entonces alcaldesa por el Partido Andalucista por un presunto delito de prevaricación al firmar un convenio de exclusividad con una empresa privada para la gestión de los aceites usados de origen doméstico y comercial. También fue imputada por el mismo caso la exconcejal de Medio Ambiente del municipio, María Beatriz Parrado. La denuncia partió de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras), encargada de garantizar su gestión en el ámbito nacional y europeo.

Según la acusación tanto la exregidora como la exconcejal podrían haber cometido presuntamente delitos contra la Administración pública y vulneración del principio de libre competencia del mercado. Según el escrito del fiscal, Peinado y el resto de investigados «de común acuerdo y guiados por el ánimo de favorecer de manera arbitraria a la empresa Biouniversal» utilizaron su posición política para permitir «un monopolio» con «absoluto desprecio» a las normas que rigen la libre competencia.

El aceite usado está catalogado como un subproducto que tiene valor económico 'per se'. En el 99% de los casos este aceite se destina a la fabricación de biodiésel, que es lo que genera más rentabilidad económica. Pero en Puerto Real, según la versión de los denunciantes, esa gestión la estaba realizando solo la empresa que «monopolizó» el sector, quedándose con el beneficio íntegro y sin que los hosteleros pudieran cobrar nada por el subproducto, porque estaban obligados a entregar el aceite únicamente a esa empresa.