TRIBUNALES

La Audiencia reabre la causa contra las expresidentas de las empresarias de Cádiz por presunto fraude

La Sección Cuarta cree «inviable» el archivo que ordenó la jueza instructora sobre el presunto fraude y la estafa de ayudas públicas a través de la AMEP

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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido un auto por el que revoca el sobreseimiento que dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gaditana que archivaba la denuncia por los presuntos delitos de fraude y estafa presentada contra las expresidentas de la Asociación de Empresarias y Profesionales (AMEP) de Cádiz, Ana María Alonso y Nuria Sánchez Perdigones, entre otros investigados.

La jueza consideró que, al contrario de lo que se denunciaba, habían solicitado unas subvenciones públicas de forma correcta, que no desviaron ese dinero para beneficio propio y que las ayudas fueron debidamente formalizadas. La Fiscalía recurrió ante la Audiencia el sobresimiento de la instructora por falta de fundamento y ahora, tras estudiar las apelaciones, el tribunal de la Sección Cuarta le ha dado la razón al Ministerio Público y ha ordenado que se vuelvan a practicar las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

El caso se conoció a finales de 2017 por una investigación que comandó el Grupo de UDYCO de la Policía Nacional en Zaragoza en torno a un supuesto fraude en el cobro de subvenciones por parte de empresas. Las pesquisas acabaron destapando una presunta red que se habría hecho ilegalmente con al menos 900.000 euros en ayudas públicas. La Policía apuntaba en sus diligencias a una quincena de empresas de varios puntos de España y, directamente, a la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz (AMEP).

Las investigaciones, centradas inicialmente sobre empresas zaragozanas, se fue extendiendo conforme se iban detectando conexiones más amplias en otros puntos del país. Al revisar sus cuentas, los investigadores detectaron que cruzaban pagos por elevados importes con la AMEP. A partir de ahí, se desgazó la investigación y comenzaron unas pesquisas añadidas y centradas en la patronal gaditana. Se comprobó que esta organización había recibido, entre los años 2008 y 2012, 900.000 euros de subvenciones que, según los investigadores, acababan desviándose en gran parte a empresas o sociedades vinculadas a miembros de esa misma asociación empresarial.

Las subvenciones las obtenían al amparo de las líneas de ayuda que el Ministerio de Industria gestiona para formentar la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, el plan Reindus, y en concreto estaban destinadas a un proyecto llamado ‘Innova por Cádiz’. Ante los indicios detectados por la UDYCO, relativos a presuntos enriquecimientos ilícitos con la obtención fraudulenta de subvenciones, se presentó una denuncia a través de la Fiscalía de Cádiz y se abrieron las pertinentes diligencias.

La Policía tomó declaración a unas quince personas en calidad de investigadas: dos en Zaragoza, dos en Málaga, tres en Madrid y ocho en Cádiz, responsables de la patronal y de las empresas presuntamente implicadas en esta trama, entre ellas las dos expresidentas de la AMEP, Ana María Alonso y Nuria Sánchez Perdigones.

Sin embargo, el 25 de enero de este mismo año, la titular del juzgado número uno de Cádiz, María del Carmen Fornell, emitía un auto de sobreseimiento al considerar que las inversiones realizadas con las cinco subvenciones concedidas entre 2008 y 2012 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la AMEP fueron revisadas y que habían sido utilizadas para tales fines. Solo detectó una anomalía en una de ellas que motivó una reclamación y cuyo dinero se reintegró. Tampoco apreció la instructora indicios de engaño para poder optar a dichas ayudas.

Pues bien, tras estudiar lo acontecido en este procedimiento, los magistrados de la Sección Cuarta fundamentan que en el auto de sobreseimiento «como bien se argumenta por el Ministerio Fiscal, se obvia cualquier alusión al exhaustivo estudio realizado por el grupo de blanqueo de capitales UDYCO de Zaragoza que, tras un exámen de análisis de facturas, cuentas bancarias, y empresas, se concluye la existencia de indicios de conducta delictiva». Entre esas indagaciones, el tribunal destaca que no se haya tenido en cuenta en la instrucción la existencia de «lagunas» constatadas por el referido grupo policial, en cuanto a que, en las memorias justificativas presentadas por AMEP (salvo en las de Innova por Cádiz) «no se especifican las actuaciones concretas desarrolladas, ni fechas, ni lugares donde se produjeron las charlas, los cursos físicos y los cursos on line, ni se relacionan aquellas empresas que fueron objeto de estudio, ni se realiza una dación de cuenta del resultado del programa (inversión real, negocios llevados a cabo, empresas que obtuvieron sede o sucursales en Cádiz, etc).

Colaboraciones ¿externas?

El auto subraya también que respecto a la partida de 'Colaboraciones externas' que, todas las empresas subcontratadas pertenecen a miembros de la AMEP, casos de PSICAS A y F, EVENTIS, «siendo la administradora Ana Alonso quien fue presidenta de la AMEP hasta 2009, o Imagen y Comunicaciones Menesteo, «siendo la administradora Nuria Sánchez Perdigones», presidenta de la AMEP desde 2009, «siendo llamativo que en las facturas emitidas por estas empresas prestadoras de servicio se describe con vaguedad o en términos genéricos los conceptos ‘facturados’», señala el auto refieriéndose a lo aportado por la investigación policial. También se refiere a que «en la mayoría de los casos» las empresas que figuraron como objeto de informe de estudios de diagnóstico de posibilidades de negocio, viabilidad, «manifestaron no saber nada de esos estudios».

Por estas razones la Sala cree «inviable» el sobreseimiento de la denuncia en un auto fechado el pasado 14 de marzo. Además ve «prematuro» dicho archivo cuando, destaca, «ni tan siquiera se ha tomado declaración a los investigados».