La remunicipalización de los servicios de playas se le atraganta al equipo de Gobierno

El proceso de remunicipalización de los servicios de Playas parece que se le está complicando al equipo de Gobierno municipal para poder hacerlo efectivo antes de que comience la temporada de verano.

Tras la celebración el pasado 11 de enero de la comisión de estudio para la recuperación de los servicios de limpieza de arena, salvamento y socorrismo y limpieza y mantenimiento de los módulos de vestuarios y servicios en las playas de la ciudad, el equipo de Gobierno ha recibido una lluvia de peticiones de información y de documentación por parte de los grupos de la oposición, que cada vez ven más «lagunas» y «contradicciones» en la propuesta presentada por Podemos y Ganar Cádiz en común.

PSOE, PP y Ciudadanos quieren contar con toda la información posible antes de posicionarse sobre la conveniencia o no de recuperar estos servicios por parte del Consistorio.

Las dudas de los grupos de la oposición son, sobre todo, sobre el «supuesto» ahorro anunciado por el equipo de Gobierno y, por otro lado, sobre la fórmula y las condiciones en las que la empresa municipal Cádiz 2000 asumirá a la plantilla de las tres empresas concesionarias.

Para contar con «todas las garantías», el PSOE está manteniendo reuniones con los sindicatos del Ayuntamiento de Cádiz, los representantes de los trabajadores de las tres contratas que en estos momentos llevan los servicios de playas, con los trabajadores de Cádiz 2000, de Aguas de Cádiz y con el comité de empresa municipal.

Para los socialistas, «es fundamental que se garantice una mejora en la calidad de los servicios y en la situación de los trabajadores». Para ello, están pulsando la opinión de los representantes de estos operarios antes de pasar a formar parte de la plantilla de la empresa pública Cádiz 2000, que actualmente gestiona el Palacio de Congresos, siendo obligado el cambio en el objeto social de la misma.

Informes sobre el coste real

El Partido Popular, por su parte, ha presentado una decena de preguntas entre las que cabe destacar la dirigida tanto al interventor como al alcalde en la que se pide que «certifique de manera indubitable si el cálculo económico de la municipalización pretendida supone un ahorro o un incremento respecto al coste actual, y por tanto real del importe que abona el Ayuntamiento por estos servicios». Asímismo, los populares han solicitado informes al secretario y al interventor sobre la situación de la plantilla.

En cuanto a la información requerida al secretario municipal está «cómo se garantizaría el cumplimiento de los principios de publicidad, mérito y capacidad en la selección de personal» y, al mismo tiempo «que se certifique si los actuales trabajadores tendrán preferencia o no ante el resto de candidatos a esos puestos de trabajo».

La petición al interventor es sobre «los incrementos económicos previstos con las sucesivas aprobaciones de los convenios colectivos que deben regir las relaciones entre empresa y trabajadores de la entidad municipal que asuma estos servicios». Es decir, Cádiz 2000. A juicio del PP «deben utilizar como proyección datos del sector público que corresponda a la actividad que nos atañe y el histórico de incrementos salariales y estructurales que se hayan producido en los diferentes convenios de las empresas municipales del Ayuntamiento, el propio Consistorio y las empresas subcontratadas por éste.

Por último, Ciudadanos ha solicitado a su vez información tanto al secretario como al interventor para garantizar que al Ayuntamiento de Cádiz «le va a resultar rentable esta municipalización ya que aunque se subrroguen a los trabajadores, éstos deben contar con todas las garantías y las mismas condiciones en las que se encuentran en estos momentos». Es más, desde Ciudadanos se apunta que en algunos casos «habrá que equiparar las condiciones con los trabajadores que tiene la empresa municipal que los asuma y, por lo tanto, supondrá un coste que hay que estudiar muy detenidamente».