Cádiz

La oposición tumba la moratoria de Kichi porque «no regula las Viviendas con Fines Turísticos»

PP, PSOE y Ciudadanos, que plantearon las carencias de la medida y votaron en bloque a favor de una enmienda de los socialistas, tumbaron la suspensión de licencias propuesta por Adelante Cádiz

El informe económico estimaba en 250.000 euros la posible indemnización a hoteles y apartamentos turísticos, a los que sí hubiera afectado la propuesta durante un año

Fran M. Galbarro

Un minuto. Es el tiempo que tardó el alcalde, José María González 'Kichi' , en culpar al PSOE a través sus redes sociales de «votar junto al PP» y «en contra de los colectivos sociales y vecinales». La oposición tumbó una propuesta que, según el comunicado del equipo de Gobierno, iba a «regular los pisos turísticos» en la ciudad.

Sin embargo, según argumentan PP y PSOE, la propuesta de modificación del PGOU no limitaba la proliferación de viviendas turísticas . El equipo de Gobierno contempló la figura de las Viviendas con Fines Turísticos (VFT, conocidas popularmente como viviendas turísticas) en el orden del día del Pleno del mes pasado, pero Secretaría advirtió de que el Ayuntamiento no tiene competencias para regular esas licencias. El punto se retiró de la sesión. Este martes, en un segundo intento, las viviendas turísticas desaparecieron de la descripción del punto a tratar.

El informe de los técnicos municipales reconoce las limitaciones del Ayuntamiento en el control de las viviendas turísticas

La moratoria propuesta pretendía suspender nuevas licencias hoteleras durante el próximo año. Según explican desde el PSOE, esto «sólo frenaría el desarrollo de nuevos hoteles, apartahoteles y apartamentos turísticos, pero no las VFT». Y es que, tal y como detalla el informe jurídico que compone el expediente, el marco normativo «limita la intervención del Ayuntamiento en el control de las VFT», ya que «el Ayuntamiento de Cádiz no tiene competencias reglamentarias en materia de Turismo».

Las competencias municipales, esgrime el documento, se limitan a otorgar la licencia de primera ocupación para que los propietarios puedan inscribir sus pisos en el Registro de Turismo de Andalucía , dependiente de la Junta, antes de ofertarlos a través de las plataformas de reserva on line. «La paralización de las licencias no afecta a esas segundas residencias cuyo propietarios tienen derecho a alquilar si la Junta se lo permite», apuntó el PSOE.

El equipo de Gobierno aprovecha la negativa de la oposición para culparles de no frenar la proliferación de la vivienda turística

Así se constata, por ejemplo, en el informe económico financiero, que asume el pago de 245.561,42 euros previstos para una posible indemnización a los 16 proyectos turísticos que tienen solicitud de licencia en trámite. Entre ellos, en la línea de lo explicado hasta ahora, no se incluye ninguna Vivienda con Fines Turísticos, pese a las continuas referencias del alcalde y su equipo a las mismas.

Entre 250.000 y dos millones de euros

Los costes asumidos por el Consistorio podrían haber sido mayores, tal y como han alertado varios miembros de la oposición. Los propietarios podrían reclamar también los gastos por la compra de fincas, los estudios encargados e incluso los beneficios previstos, que también podrían correr a cargo de las arcas municipales. José Manuel Cossi (PP), alertó de que esas indemnizaciones podrían alcanzar los «dos o tres millones de euros» .

La oposición basó su crítica hacia la propuesta en estas dos cuestiones y, a excepción de Domingo Villero, votó a favor de una enmienda del PSOE rechazada por Adelante Cádiz. Los socialistas, principal objeto de las críticas del equipo de Gobierno, plantearon un procedimiento a medio plazo en el que se instara a la Junta de Andalucía a que «legisle cuanto antes la declaración de zonas turísticas saturadas en Cádiz» , ya que no existe regulación al respecto.

La moratoria de un año, sin incluir las viviendas turísticas, conllevaría indemnizaciones de al menos 250.000 euros; el PP eleva la estimación a dos o tres millones

Es ese el motivo por el cual el Ayuntamiento de Cádiz, a diferencia de otros como el de Barcelona, no dispone a día de hoy de mecanismos legales contemplados para el control de este tipo de viviendas. «Kichi se ha instalado en la mentira; el pleno no iba a regular las Viviendas con Fines Turísticos, las que tiene la gente en plataformas como Airbnb, porque para eso no tiene competencias; lo que pasa es que Vila ni lo sabía hace una semana. Y cuando la Secretaría Municipal le informó de que no podía regular eso, a Kichi se le ocurrió regular lo otro», valoran desde el PP.

El concejal de Urbanismo, Martín Vila criticó la «posverdad» utilizada en los relatos de la oposición, los que calificó de «grotescos». El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', acusó a Mara Rodríguez (PSOE) de dar «una clase magistral de cómo marear la perdiz» después de que la edil desarrollara, entre otras cuestiones, esa limitación de competencias municipales. En un comunicado de prensa emitido poco después del Pleno, Kichi culpó a la oposición de «permitir que continúe la proliferación de viviendas turísticas en la ciudad» y que «siga disparándose el precio de la vivienda el Cádiz».

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