Coronavirus
Más de un centenar de hosteleros gaditanos quieren demandar al Gobierno por daños y perjucios
Horeca ya ha analizado los casos de 105 empresarios que han visto mermados sus ingresos como consecuencia del estado de alarma y de las restricciones impuestas desde el pasado mes de marzo
La asesoría jurídica de la entidad ya está tramitando una treintena de demandas y prepara el restopara antes del próximo mes de junio
La asesoría jurídica de Horeca , asociación que aglutina al sector de la hostelería de la provincia de Cádiz, se encuentra analizando los más de cien casos de empresarios de la provincia que han decidido presentar una demanda contra el Gobierno de la nación o la Junta de Andalucía para reclamar compensaciones económicas por los daños y perjucios que ha ocasionado el cierre o restricciones en sus negocios a raíz de la pandemia.
En concreto, se trata de 105 hosteleros de la provincia que ya se han puesto en contacto con este gabinete jurídico para proceder a la interposición de esta demanda.
Tal y como dijo el presidente de Horeca, Antonio de María , se ofrecen precios asequibles y especiales a los socios de esta entidad para que éstos puedan reclamar vía judicial a las administraciones compensaciones económicas por la merma de ingresos a lo largo de este último año por la crisis sanitaria.
De estos 105, según explican desde la asesoría jurídica de Horeca, se están tramitando ya una treintena de ellas. Para el resto se está a la espera de recibir y estudiar la documentación solicitada, como las cuentas anuales de resultados, las ayudas recibidas, los impuestos de sociedades, o la facturación de los últimos años, entre otra documentación.
Desde la asesoría jurídica se asegura que, a la hora de tramitar las demandas, se han contemplado tres tramos durante este último año.
El primero de ellos, entre marzo y junio de 2020 , cuando se decretó el estado de alarma y los negocios no esenciales tuvieron que cerrar durante unos dos meses, aproximadamente. Para este periodo, las reclamaciones se harán al Gobierno de la nación , al ser el único responsable de las medidas adoptadas. Horeca se marca hasta el mes de junio de este 2021 para la tramitación, al cumplirse un año del inicio de la desescalada.
El segundo tramo es el que abarca de junio a octubre, cuando se aliviaron las restricciones. En esta ocasión, las demandas se dirigirán tanto al Estado como a las comunidades autónomas ya que desde el Ejecutivo se transfirieron las competencias para la puesta en marcha de restricciones. Es más, en algunos casos también recaerá, según asegura la asesoría jurídica de Horeca, en los ayuntamientos, responsables de decisiones como el cierre de playas, por ejemplo.
Para este tramo, en el que los negocios de hostelería pudieron permanecer abiertos aunque con límites de horario y de aforo, no se han presentado aún demandas. De momento se está en el primero de los periodos, cuando el cese de la actividad generó más daños y perjuicios a los hosteleros.
El tercero correspondería del mes de octubre, cuando se volvió a declarar por parte del Gobierno el estado de alarma en adelante. Al estar aún en vigor no se plantean demandas en este periodo por ahora.
Caso por caso
Las reclamaciones son a título individual ya que cada caso «es un mundo» y cada negocio tiene circunstancias y características distintas , por volumen de negocio, número de trabajadores etc... No se ha planteado por tanto una demanda colectiva ya que no se sabe hasta qué punto prosperaría.
Al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, la avalancha de peticiones no solo a nivel provincial sino regional o nacional podría ocasionar un colapso en los juzgados aunque los hosteleros están decididos a que desde las administraciones se les compense al verse seriamente afectados los negocios.
Junto con el comercio y el turismo en general, el sector de la hostelería ha sido de los más perjudicados y de los que más daños patrimonilaes han tenido por las restricciones de las administraciones en su intento de frenar el virus.
Las reclamaciones se harán por vía administrativa en primer término a la espera de respuesta de las administraciones. En caso de que no hubiera respuesta, se acudiría a los tribunales.
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