Aprobada la creación de una comisión para catalogar la simbología franquista de Cádiz

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la creación de una comisión que se encargará de estudiar y catalogar la simbología franquista presente en la ciudad, un trabajo que desembocará en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que determina la retirada por parte de las administraciones públicas de todos los símbolos asociados al franquismo.

El primer teniente de alcalde y concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, ha explicado que primero se va a abrir un plazo para que la sociedad civil, a través del registro del Ayuntamiento de Cádiz y de un enlace en la web de transparencia, «plantee qué simbología entiende que puede entrar el ámbito del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica».

Estas peticiones se van a ir trasladando a la comisión antes referida, que resolverá y dictaminará si existe vinculación de la simbología en cuestión con el franquismo, de cara a que posteriormente el Equipo de Gobierno adopte la decisión pertinente.

Con este proceso se busca «generar consenso y opinión para resolver qué simbología es susceptible de ser retirada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica».

En concreto, la comisión cuya creación se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy estará integrada por el concejal de Memoria Democrática, por un representante de la plataforma Memoria Histórica y por un representante del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

También estará compuesta la comisión por un representante del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cádiz, por un representante del Ilustre Colegio de Arquitectos de Cádiz, por otro de la Asociación en Defensa e Interés del Patrimonio, por un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril y por el arqueólogo municipal, un técnico de la Delegación de Cultura y otro de la Delegación de Urbanismo.

Esta comisión se encargará de realizar un catálogo abierto a la ciudadanía para que, cuando se tome la decisión de retirar cada uno de estos vestigios, esta se acompañe de una justificación y una recomendación de la comisión.

La visión del PP

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el portavoz del PP, Ignacio Romaní, que puso de manifiesto que «la ley existe y que ha de cumplirse, lo que tiene que tener también la ley es un reglamento que la ampare y que determine cómo se hacen esas cuestiones. Y sobre todo, que es lo que más nos preocupa, que no deje al arbitrio de cualquier político tomar las decisiones al amparo de una ley que no está especificda en su conjunto. Quién es quién en el pasado y en el presente de esta ciudad no lo puede determinar un político como el señor Vila porque entienda la historia de una forma. Yo entiendo que eso debe hacerse de una forma seria».

Ahondando en esa línea, Romaní dice que «lo que me preocupa más, por lo poco que sabemos, es que quieren crear una comisión de técnicos, pero intentando que los técnicos pongan en un papel lo que ellos quieren decir como políticos. Yo ya les advierto que los técnicos son funcionarios municipales y están para gestionar, tramitar y desarrollar las iniciativas de la ciudad, pero no se van a convertir en jueces de la historia».

Romaní le lanza al equipo de Gobierno una advertencia: «No le carguen a los técnicos algo de su responsabilidad. Si usted quiere hacer política la hace. Y si cree que políticamente el nombre de Carranza o el de Pemán no ha contribuido de forma significativa a la historia de la ciudad, usted lo firma. Y que los gaditanos sepamos qué político está cargando contra la historia de nuestra propia ciudad. Pero que lo haga el político, que no se escude en informes técnicos, obligando a los técnicos a firmar cuestiones que tienen que ver más bien con las ideas forzadas de un concejal que está imponiendo un criterio partidista sobre todo lo que corresponde a la historia de nuestra ciuad. Creo que esto no es sensato. Tendrá que ser el político ante el Pleno el que argumente razonadamente por qué quiere hacer determinados cambios amparándose en una ley. Porque la ley la conocemos todos, y evidentemente indica una serie de cuestiones, pero no pone etiquetas, ni nombres, ni apellidos que han de ser juzgados por el bien común de los gaditanos por un señor llamado Vila. Y que no se escude en una comisión técnica en la que los técnicos se pueden sentir presionados por las decisiones que quieren tomar determinados políticos de esta ciudad en minoría. En este caso aún más en minoría, porque estamos hablando de un partido que tiene dos concejales».