FRAUDE IDENTAL
La Policía Nacional registra la sede de iDental en El Puerto de Santa María
El juez ordena el registro de las 23 oficinas de iDental de toda España para cubrir las posibles indemnizaciones de afectados
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la entrada y registro de todas las sedes que las clínicas dentales 'low cost' iDental tienen por todo el país, un total de 23 establecimientos en los que ya ha entrado la Policía Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes.
Entre ellas está la clínica de iDental de El Puerto de Santa María, donde hay en torno a 500 afectados por estas supuestas prácticas fraudulentas. Los registros se realizan en el marco de la operación 'Apolonia' y persiguen, además del inventario, recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, en su caso, en fuentes judiciales.
Para los registros, ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica, la Policía Nacional ha movilizado en torno a 300 efectivos que han procedido a la entrada en las sedes de iDental en 23 provincias.
Además de en El Puerto, los registros se están efectuando en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Gerona, Castellón, Valencia (capital y Alfalar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria.
De la Mata investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, desde que asumió la instrucción el pasado 26 de julio y procedió al registro de 17 sedes en 8 comunidades autónomas para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.
Más de 200 piezas de investigación
Se estima que podría haber 400.000 afectados en todo el país, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han venido presentando ya miles de denuncias, que se acumulan ya en más de 200 piezas de investigación repartidas por todo el territorio nacional, aunque podrían llegar a superar el millar.
Esta clínica 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos , aunque ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, según denuncian los afectados, los pacientes «eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos».
Traslado al Parlamento andaluz
El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) y candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz , se comprometió días atrás con los afectados en Cádiz y provincia por el presunto fraude y posterior cierre de las clínicas iDental a trasladar su problema al Parlamento Andaluz a través de la diputada autonómica Ana Mestre, que ya tiene previsto una reunión con el citado colectivo.
Ortiz se reunió con un grupo de afectados por el cierre de la citada clínica, quienes le expusieron su situación de «desamparo y los problemas que estamos teniendo a la hora no solo de reclamar el dinero ya aportado a la clínica sino de continuar con tratamientos que están afectando seriamente a la salud de muchas personas ».
El concejal popular quiso mostrar su apoyo a este colectivo en la demanda de soluciones «y muy especialmente a las personas que tienen problemas de salud. La Junta debe ser sensible con las familias con menos recursos que hicieron un esfuerzo para mejora su salud y han quedado en situación de riesgo sanitario al suspenderse sus tratamientos».
