PGOU CHICLANA
Chiclana se exculpa de la nulidad del PGOU: «seguimos el procedimiento marcado por la Junta»
Para el Consistorio, «los dolientes» y principales víctimas de la sentencia del Tribunal Supremo «somos las ciudades»
Continúan las reacciones a la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo (TS) que desestima los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía, confirmando la nulidad íntegra Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado en 2016.
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Este veredicto se comunicó el 8 de septiembre, festivo en la localidad, por lo que ha entrado en registro durante la mañana del jueves 9 de septiembre, momento en el que el Consistorio gaditano ha querido pronunciarse.
Los procedimientos «los marca la Junta»
Para el alcalde de Chiclana, José María Román , la nulidad del PGOU local «es un tema de ámbito autonómico e incluso nacional porque esta canción reiterada de anulación de planes generales a los Ayuntamientos es una acción que se repite en continuo ».
El regidor remarca que «los planes generales los aprueba la Junta de Andalucía. Los Ayuntamientos de Chiclana, El Puerto o Marbella l o único que podemos hacer es seguir el procedimiento administrativo que nos marca la Junta ».
Por lo tanto, considera que «no es ninguna veleidad o arbitrariedad del Ayuntamiento de Chiclana la que ha provocado la nulidad del plan, sino la decisión administrativa que toma la Junta sobre cómo redactar el plan general. Esto está provocando las nulidades de los planes generales que se van aprobando en Andalucía».
Defectos de forma
La sentencia del TS especifica que los recursos del Consistorio y la Junta son denegados «por defectos formales de la aprobación definitiva parcial de la revisión del PGOU» . Concretamente, el tribunal indica que la evaluación ambiental estratégica (EAE) nunca estuvo correctamente tramitada al no haberse formulado desde el inicio de la fase preliminar del borrador del PGOU.
Durante la tramitación del plan, «hubo un momento en el que apareció la sentencia de Marbella que anulaba su plan y dejamos en suspenso el trámite e hicimos una consulta a la Junta para saber qué teníamos que hacer», relata Román.
«Al cabo de cuatro meses, nos contestaron e hicimos lo que nos dijeron. Este Gobierno, ante la duda, fue prudente y paralizó la aprobación del plan hasta que la Junta nos dio, por escrito, qué es lo que teníamos que hacer».
«Cuando el Plan General se anula, se le anula a quien lo aprueba: la Junta de Andalucía», defiende el alcalde de Chiclana. En este sentido «los dolientes» , principales víctimas de la sentencia, «somos las ciudades» .
«Ahora el Tribunal nos dice que este procedimiento no fue adecuado. Del mismo modo que nosotros preguntamos a la Junta qué debíamos hacer, quizás es la Junta quien deba preguntar cómo hacer las cosas », sugiere el regidor.
«Convertir la crisis en oportunidad»
«Existe un marco nacional, que es una iniciativa del Gobierno de España, que está en trámite de consulta pública que se conoce comúnmente como la 'iniciativa sobre los planes tumbados'. Al haber tantos defectos formales que provocan estas nulidades, esta iniciativa terminará modificando la ley del suelo, que permitirá que cuando haya un defecto de forma, se pueda resolver ese defecto para que la tramitación de un Plan General con tantas informaciones públicas no genere la anulación de todo el Plan, sino de solo la esa parte, continuando el resto del Plan», explica el alcalde.
Igualmente, el Consistorio espera ante la futura aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía ( LISTA ) que «generará un marco distinto del que no conocemos el alcance».
Una vez que la sentencia del TS se publique en el BOJA, entrarán en vigor «las antiguas normas subsidiarias de 1987 . Debemos valorar las cosas, ver los pros y los contras y convertir la crisis en oportunidad», considera José María Román.
En este sentido, «la anulación del Plan hace que muchos suelos urbanos no consolidados pasen a ser suelos no urbanizables y, por tanto, les sea de aplicación el antiguo decreto 2/2012, modificado por el Partido Popular que es el decreto actual 3/2019 ».
Según este decreto se permite que a las viviendas que están en suelo no urbanizable y que tienen los servicios a pie de parcela, puedan conectarse con los servicios de agua y alcantarillado . En Chiclana, «las estimaciones que tenemos son que, entre 600 y 1.000 viviendas podrían, acogiéndose al modelo de los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), hacer una conexión directa sin tener que revalorizar la vivienda».
En los próximos días, « montaremos reuniones con grupos vecinales para informar de la situación. Al mismo tiempo, todos aquellos que sean conocedores de que tienen los servicios a pie de parcela, pueden ponerse en contacto para que se tramite el oportuno expediente de AFO y conectar los servicios de agua y alcantarillado».
La ausencia de Plan General y con normas subsidiarias será una situación que se alargará «de tres meses a un año , de cara a la aprobación del documento sustitutivo, las normas sustantivas, que es un documento que tiene que aprobar la propia Junta de Andalucía». Igualmente se explica que el documento tendrá carácter transitorio y gozará de una validez de tres años, plazo en el que «podemos generar la nueva gestión del planeamiento de la ciudad».
En cuanto a los expedientes urbanísticos , el alcalde ha explicado que «los expedientes que no estén concluidos y que son sancionadores, tendrán una revisión, puesto que el plan que tramitaba estos expedientes ha sido anulado. Así, el expediente se retrotrae a su momento inicial», destacando que «estos son algunos elementos con respecto a las oportunidades que se nos abren tres recibir la sentencia».
Para todo ello, se convocará la Junta de Portavoces «para hacerles partícipes de todo esto y oír a los distintos portavoces del Pleno de la ciudad, así como convocaremos el Consejo de Urbanismo para información y recibir opiniones».
Finalmente, Román ha anunciado que ya está constituida la mesa de la Junta para la agilización de los trámites del nuevo Plan General . «Estamos valorando desde los servicios jurídicos solicitar una aclaración al tribunal por la situación del Plan General en cuanto al derecho transitorio sobre la transposición de la directiva europea, porque la Junta tenía un procedimiento correcto y en vigor. El tribunal no ha considerado este contexto y de ahí la consulta sobre la situación transitoria».
Cronología de una nulidad anunciada
La delegada municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González , ha comparecido para explicar los procedimientos realizados por el Consistorio, de los que era conocedor la Junta, desde el momento en el que se conoció la primera sentencia nula por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo de 2020.
Ante este veredicto, a pesar de que no fuera firme, «el alcalde, con fecha 17 de abril de 2020 , firma el inicio de la redacción del nuevo Plan General para que se inicien las acciones necesarias para la contratación de este nuevo documento, en previsión de que la sentencia pudiera llegar a ser firme, como así ha sido».
Tras esto, «se inician las consultas públicas, el pasado 10 de julio de 2020, preceptivas antes de iniciar ningún documento de Plan General. Se solicitó la mesa para la agilización de trámites del nuevo documento a la Junta el 30 de octubre de 2020; la Junta contestó y se formalizó dicha mesa el 10 de noviembre de 2020; se encarga a los servicios jurídicos un informe técnico, 29 de julio de 2021, para que digan cuáles pueden ser las posibles consecuencias de una sentencia de nulidad , con el objetivo de estar preparados por si llegaba el momento, sabiendo que la votación y fallo fueron el 13 de julio».
Desde Urbanismo se añade que «también se ha firmado el pliego de prescripciones técnicas del nuevo Plan General con fecha de 3 de septiembre de este año, para la contratación del documento de avance de Plan General, documento de inicio estratégico de la evaluación ambiental estratégica y de gestión de participación ciudadana. Esto va a ser próximamente licitado por la ley de contratos públicos para la redacción de los trabajos. Cuando llegamos en 2015 nos encontramos un Plan General que tenía diez informes desfavorables ».
