PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD
Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar: más de 300 agentes, 100 vehículos y 24 millones de euros
Tras un año de su puesta en funcionamiento, el Departamento de Seguridad Nacional hace balance y establece acciones para el futuro
Incremento de un 77,8% del número de operaciones contra el tráfico de drogas y de un 86,9% de las dirigidas contra el blanqueo de capitales e investigación patrimonial; 4.852 detenciones , entre ellos importantes cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico; aprehensión de 143,1 toneladas de hachís, 5,4 de cocaína, 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando e incautación de 750 vehículos utilizados para transportar mercancías ilegales, de las cuales 133 son embarcaciones, fundamentalmente lanchas semirrígidas dedicadas al narcotráfico. Son los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2019.
Estos datos fueron publicados por el Ministerio del Interior a principios de este mes de agosto, al cumplirse un año de aplicación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, así como sus principales medidas y efectos. Y ahora han sido recopilados por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que es es el órgano de asesoramiento al presidente en esta materia.
Este Plan Especial de Seguridad cuenta con un presupuesto de 19 millones de euros para 2019 , a los que hay que sumar los 7.03 millones del coste de las meedidas de impacto previstas hasta diciembre de 2018. En total, 24,03 millones de euros.
Refuerzo, coordinación e inteligencia
Según el informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), utilizando los datos del Ministerio del Interior, entre las medidas adoptadas en este año destacan el refuerzo en 346 agentes (148 de ellos de la Policía NAcional y 198 de la Guardia Civil) a todos los municipios de la comarca; la adquisición de 112 vehículos, 427 elementos de protección para los agentes de ambos cuerpos, 293 dispositivos de vigilancia y control y una cámara especializada para helicópteros. Así como la consolidación de una mayor actividad en el ámbito de la prevención y de la colaboración con sectores de la sociedad civil y entidades afectadas por el narcotráfico (40 encuentros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con entidades y asociaciones vecinales y 71 actividades preventivas dirigidas por los Delegados de Participación Ciudadana de las FCSE, en centros educativos).
Además, destaca el DSN, «es importante resaltar la coordinación con otros organismos e instituciones» y, en este sentido, «se han constituido diversos órganos de coordinación de los que forman parte Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y responsables de Cuerpos de Policía Local, además de una Mesa Técnica Comarcal y una Mesa Técnica de La Línea de la Concepción. También se han celebrado numerosas reuniones de coordinación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, así como con el tejido asociativo de la comarca».
Por último, se han adoptado medidas estructurales y funcionales, que han permitido potenciar las investigaciones patrimoniales contra las organizaciones del narcotráfico y la lucha contra el blanqueo de capitales, con el resultado de un aumento del 86,9% en la cantidad de operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y de investigaciones patrimoniales, pasando de 84 entre el 1 de agosto de 2017 al 30 de junio de 2018, a 157 entre el 1 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2019.
Por otro lado, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) publicó en diciembre de 2018 un comunicado donde recordaba a los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo operantes en el Campo de Gibraltar y zonas limítrofes, entre ellos entidades de crédito, gestoras de fondos de pensiones, servicios postales o promotores inmobiliarios , «la necesidad de aplicar con el máximo rigor las obligaciones legales de diligencia debida e información, debiendo, en particular, comunicar sin dilación al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, que presente indicios de blanqueo de capitales».
Además, como parte del Plan, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, ha creado un grupo específico dedicado a labores de inteligencia sobre actividades delictivas relacionadas con grupos que operan en esta zona.
Cuatro juzgados más en octubre
Cabe recordar que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que abarca las localidades de Algeciras, Los Barrios, La Línea, San Roque, Castellar, Jimena y el puerto de Tarifa, surgió, según señala el DSN, «para paliar, por un lado, el importante deterioro de las condiciones objetivas de seguridad debido al impacto del narcotráfico, y por otro, las conductas violentas ligadas a la actividad de los grupos de delincuencia organizada, algunas de ellas dirigidas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)». Una situación que venía de lejos y que había sido denunciada por Policía, Guardia Civil, alcaldes y colectivos de la zona, ya que había provocado, tal y como admite el departamento gubernamental «la pérdida del principio de autoridad y la consecuente sensación de impunidad por parte de los narcotraficantes».
En un futuro, destaca el Departamento de Seguridad Nacional, está previsto que el Plan se desarrolle en una segunda fase , ampliando su radio de acción a otras provincias andaluzas y zonas limítrofes. Asimismo, en el último trimestre de este año 2019 entrarán en funcionamiento los juzgados de instrucción y de lo penal número 5 de Algeciras, el número 5 de La Línea y el número 3 de San Roque.
«Queda mucho por hacer»
Pese a que el Ministerio del Interior realiza un balance positivo del primer año de implantación del Plan Integral de Seguridad para el Campo de Gibraltar y de su utilidad, los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tanto. De hecho, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) asegura que las medidas son cortoplacistas y advierte del colapso en los depósitos judiciales . No obstante, pone de relieve el «gran trabajo» realizado tanto por Policía Nacional como por Guardia Civil.
En eso coincide el SUP con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) , cuyo delegado en Cádiz, José Encinas, en declaraciones a este periódico ha subrayado que la apertura de los nuevos juzgados será un importante «acicate, porque hay colapso de causas abiertas por narcotráfico». AUGC admite que las cifras de este primer año de aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar son buenas, pero entienden que «aún queda mucho por hacer». Aseguran que «la plantilla sigue siendo escasa y que hay que actualizar el catálogo de puestos de trabajo, que tiene más de 20 años. Es muy importante que se amplíen las unidades». Consideran fundamental el aumento de plazas ya que «ahora mismo hay el mismo número de agentes de la Guardia Civil que hace 150 años». Y reclaman un « refuerzo permanente para las unidades de investigación de las comandancias de Cádiz y Algeciras».
