Cien días de gestos, actos e intenciones

«Hechos y no palabras son los que tendremos ocasión de comprobar dentro de cien días». Las personas son esclavas de sus palabras, y estas las pronunció José María González el pasado 13 de junio, en su discurso de investidura, el primer contrato público que hizo con sus vecinos, como él se dirige a los gaditanos y gaditanas.

Dijo aquel día, cuando la emoción se palpaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz y se sudaba, hasta se cantaba, en la plaza de San Juan de Dios, que iba a gobernar de una forma diferente a como lo había hecho Teófila Martínez durante los veinte años anteriores. Anunció también aquel día una serie de medidas concretas que pensaba poner en marcha en estos primeros cien días de mandato.

Una vez pasado ese plazo es el momento de rendir cuentas. No ante los medios (difícil cuando este periódico le ha solicitado una entrevista que no ha sido concedida), no solo ante sus compañeros de partido y los ciudadanos que le dieron su voto por simpatía, confianza o desconfianza hacia los otros (a esos ya los tiene convencidos en buena medida), sino ante toda una ciudad, ante los casi 130.000 gaditanos para los que gobierna.

El alcalde ha asegurado en los últimos días que sus compromisos para estos simbólicos primeros cien días están ejecutados al 85%, pero ese dato es muy relativo. Si contabilizamos las veces que se han puesto sobre la mesa buenas intenciones, sin duda se habrá alcanzado ese porcentaje, probablemente hasta se haya superado.

Porque hay algo en lo que coinciden hasta sus más encarnizados rivales en la oposición municipal, al alcalde se le ven ganas, es «un tipo bienintencionado», como dice Juan Manuel Pérez Dorao. Pero también hay algo en lo que las mismas personas coinciden y que se va extendiendo por Cádiz: con una sonrisa no se solucionan los problemas de una ciudad «con más de un 20% de la población en extrema pobreza, con unas tasas de desempleo de más del 40%, con desahucios, con recortes en los Servicios Sociales, con niños que van al colegio sin desayunar». Esa es la ciudad que el mismo definió el día que se hacía con el bastón de mando.

Más allá de esas buenas intenciones, de gestos más o menos polémicos, todos medidos con lupa, con un cálculo exacto de sus consecuencias, lo cierto es que hay pocas medidas concretas que valorar.

Recordando esa hoja de ruta que el propio González se marcaba hace casi cien días, la primera parada hay que hacerla en su compromiso de que ningún niño gaditano se quedara sin recibir una alimentación equilibrada durante el verano. Ahí cumplió. Ese empeño se llevó la mayor parte del tiempo del nuevo equipo de Gobierno en sus primeros días en San Juan de Dios. Se consiguió la complicidad presupuestaria de la Junta, la movilización de numerosos colectivos sociales y la sensación de que las prioridades estaban claras. Promesa cumplida, con un parche, sí, pero se buscó la fórmula (más o menos discutible) para que unos doscientos menores tuvieran una ayuda para alimentación en los meses sin comedor escolar.

A partir de ahí resulta más difícil encontrar medidas concretas. El alcalde insiste en que las grandes preocupaciones del Ayuntamiento son el empleo y la vivienda. En materia de empleo, hasta que este mismo lunes no se celebre el Pleno Extraordinario monográfico solicitado por el PP sobre esta materia, poco se puede contar.

A nivel municipal el margen de maniobra es escaso, más allá de gestionar los programas con vocación incluyente que pone en marcha de forma periódica la Junta de Andalucía. Como pasaba antes, la nueva concejala de Fomento ha tenido que reconocer que es ilegal incluir una cláusula en los pliegos de condiciones para la ejecución de obras en la ciudad que obligue a las empresas a contratar a parados gaditanos.

De otro lado, los desempleados han vuelto a sus concentraciones diarias ante la puerta de la Casa Consistorial. Dicen que para ellos nada ha cambiado. Al contrario, aseguran sentirse «engañados» por unos partidos que prometieron que las cosas iban a cambiar. De momento, la vida sigue igual para ellos.

En lo que respecta a la vivienda, el alcalde se comprometió a la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda. Hace solo unos días se daban los «primeros pasos» para conformar una mesa tripartita de vivienda en la que estén representados el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y colectivos ciudadanos. Se convocó una reunión en la que se habló del Plan de Vivienda, pero sin que a día de hoy se pueda concretar nada.

También había un compromiso claro de declarar a Cádiz ciudad libre de desahucios. Se está empezando a trabajar en un protocolo antidesahucios que no parece que vaya a ir mucho más allá de la atención que ya se venía prestando a las personas afectadas por el problema desde los Servicios Sociales municipales, con la búsqueda de un alojamiento provisional y un acompañamiento a las familias con la oferta de ayudas de alquiler periódicas que en los casos de mayor necesidad llegan al 90% del total.

Este tema fue uno de los grandes golpes de este equipo de Gobierno. El intento de parar un desahucio en la calle Benjumeda fue un golpe de efecto, con las imágenes de varios concejales siendo llevados en volandas por la Policía dando la vuelta a España. Y por otro lado, fue un golpe de realidad. Los concejales de Podemos se dieron cuenta de que el Ayuntamiento no tiene capacidad para frenar este tipo de desalojos.

Estaba también sobre la mesa el compromiso de que ninguna casa se quedaría sin luz ni agua cuando el motivo del corte fuera la imposibilidad de hacer frente al pago de las facturas. En este sentido no se han anunciado medidas concretas que vayan más allá del pago semanal de un buen número de ayudas para electricidad o agua desde la Delegación de Servicios Sociales, una acción que tampoco es una novedad y que hace años que requiere de una importante suma de dinero.

Otro de los ejes fundamentales de la acción del actual equipo de Gobierno era la transparencia. «Ventanas abiertas» y «paredes y cajones de cristal», prometió José María González. Se han planteado una serie de herramientas, con la puesta en marcha de un portal de transparencia como medida más significativa, pero de nuevo están solo sobre el papel. El cambio en el reglamento de participación ciudadana, la modificación de los plenos, los consejos de barrio y el resto de medidas contempladas en el programa de Por Cádiz sí se puede llegarán después de estos cien primeros días.

En cuanto a la anunciada auditoría de las cuentas municipales, se asegura que se está realizando a nivel interno, aportando datos con cuentagotas, a veces apresurados y después rectificados. Se ha solicitado igualmente una auditoría externa a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Esta labor es ardua, desde el equipo de Gobierno incluso se ha denunciado la resistencia de algunas empresas municipales para aportar los datos que se están requiriendo. Y las complicaciones son aun mayores teniendo en cuenta que los consejos de administración de estos organismos autónomos están bloqueados por la incapacidad de llegar a entendimientos políticos sobre la composición de los mismos o la elección de sus presidentes o gerentes. Este compromiso, por tanto, está en marcha, pero su culminación se divisa aun lejana.

Transparencia

En ese afán de transparencia se hizo público el sueldo de los concejales, que luego no resultó ser tan diferente del de los anteriores. Lo que sí se redujo sustancialmente fue la asignación por asistencia a Pleno y el plus de los portavoces de los distintos grupos. Se consiguió un ahorro importante en ese sentido para las arcas municipales, pero no se llegó a cumplir con la prometida reducción drástica de cargos de confianza. Oficialmente se ha aprobado la contratación de 9 para este mandato, uno menos de los que aprobó en 2011 el gobierno del PP, pero hay que señalar que el anterior mandato acabó con ocho personas contratadas como personal eventual, con lo que la reducción no ha sido efectiva.

Sobre los compromisos a nivel urbanístico hay que decir que nada se sabe del nuevo PGOU, una cuestión de tal enjundia que nunca resultó creíble, más allá de que los técnicos se estén reuniendo para revisar el estado de ejecución del vigente y se vayan dibujando posibles actuaciones de cara al futuro. Y sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible, se van esbozando ideas, pero aún no se ha establecido el contenido de esta estrategia que también se quiere abrir a la participación de los ciudadanos y los distintos colectivos.

A nivel cultural y de fiestas se ha recuperado el Carnaval de Verano autogestionado por las agrupaciones, no tanto porque el anterior equipo de Gobierno lo suprimiera, sino porque los propios carnavaleros han decidido que era un buen momento para volver a celebrarlo en la ciudad después de su «exilio puertorrealeño». Donde si se nota la mano del nuevo gobierno es en la organización del COAC, donde se están introduciendo importantes novedades, aun en contra de la opinión de los colectivos mayoritarios.

De lo que no hay ni rastro hasta el momento es de la «remunicipalización» de servicios públicos. Parece que se va reculando en este asunto que centró buena parte de los debates preelectorales. Se va viendo que es difícil llevarla a cabo, al menos hasta que no se den unas condiciones adecuadas con la finalización de las actuales concesiones. Ha habido un par de ocasiones para dar pasos en este sentido, con los autobuses urbanos o algunos servicios de limpieza, pero distintos condicionantes lo han impedido.

Seguro que los pilares del programa electoral de Por Cádiz sí se puede no han cambiado, simplemente han ido adaptándose. El alcalde fue ambicioso a la hora de anunciar sus planes para los primeros cien días, pero se ha estrellado con varios muros. El primero ha sido el que se ha ido levantando con las zancadillas de la oposición. El fracaso del Pleno de organización bloqueó cualquier gestión durante al menos un mes y luego, por unos o por otros, el entendimiento ha sido prácticamente nulo.

Al alcalde se le achaca poca capacidad de diálogo. A la oposición se le achaca poca paciencia. No se ha tenido en cuenta que el equipo de Gobierno está compuesto por un grupo de concejales sin experiencia política ni institucional y eso lo complica todo, más cuando se intenta dar un sello político a la gestión por encima de los criterios meramente técnicos. Todos lo hicieron y todos lo harán. Ese es el segundo muro contra el que se han estrellado los nuevos gobernantes. No se puede valorar aun la capacidad, pero el conocimiento es obvio que es muy limitado, y una ciudad en una situación de emergencia social como la que los propios ediles denuncian no se puede permitir pararse para que ellos puedan hacer su particular «rodaje».

En ese sentido también hay quien le echa en cara al alcalde que en momentos cruciales para la ciudad esté dedicando más tiempo de la cuenta a vender su discurso político, el de Podemos, fuera de Cádiz. Tampoco ayuda para sacar adelante el ingente trabajo pendiente y comprometido en tan corto espacio de tiempo que entre el 17 y el 24 de agosto tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde estuvieran literalmente ausentes, según publicaba el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el pasado día 17, informando de que las competencias de Alcaldía recaían durante ese tiempo en la segunda teniente de alcalde, Ana Fernández.

Y hay aun otro muro, el del calendario. Ahora se trata de mirar hacia atrás y hacer un balance de estos primeros cien días de gobierno, pero no hay que pasar por alto que lo de antes y lo que viene a continuación está marcado por las elecciones generales que se celebrarán en diciembre. Las estrategias de todos los partidos, los viajes del alcalde, su omnipresencia televisiva, todo huele a campaña. Y eso sí que no se lo puede permitir la ciudad. Tres meses al ralentí son demasiados, pero seis serían una condena.