Dos concejales declararán ante el juez por tratar de paralizar el desahucio de Benjumeda

Doce activistas, entre ellos los concejales de «Por Cádiz sí se puede» David Navarro y Adrián Martínez, han sido llamados a declarar el próximo martes 30 de junio a las 10 de la mañana en el juzgado de instrucción número 1 de Cádiz. El motivo es haber ocupado en actitud pacífica la puerta de la casa de Ana y Antonio, matrimonio al que desahució la jueza Caravaca del juzgado de instrucción número 5 de Cádiz pese a que el propio Alcalde José María González había presentado un informe de Servicios Sociales acreditando la situación de indefensión de la familia que había dejado de ser atendida por la Junta de Andalucía y había ofrecido el pago de un mes mientras encontraba una alternativa habitacional a la familia.

Pese al desahucio, dicha alternativa se encontró 48 horas después gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el portavoz de la «Corrala de la Bahía» y el propietario gaditano de una vivienda que se solidarizó con la familia al conocer su historia.

En el momento del desahucio, solo una semana antes de la convocatoria para declarar ante el juez, tanto los activistas allí presentes como los dos concejales trataban de ganar tiempo para evitar el desalojo forzoso de la familia compuesta por una menor y un discapacitado. Lo único que hicieron fue poner el cuerpo de forma pacífica mientras el Alcalde trataba de mediar con la comitiva judicial agotada la vía de la jueza y la propiedad.

En declaraciones José María González dice sentirse «orgulloso de sus concejales y del resto de vecinos que han hecho lo mismo que miles de personas en este país desde hace siete años y que han provocado que lo desahucios no sean nunca más una vergüenza que haya que pasar en soledad sino un punto irrenunciable en la agenda política de todos los partidos».

«Sorprende la rapidez de la justicia, sólo una semana, cuando se trata de actuar en contra de una acción pacífica contra concejales y activistas que luchaban contra una injusticia, mientras han pasado 15 años de los ERE fraudulentos y recién han sido acusados algunos de sus responsables políticos. Los ERES fueron una gran estafa que pudo rondar los 1.000 millones de euros del dinero de los parados andaluces, jugarse el tipo para defender a un vecino es un gesto heroico» ha declarado Teresa Rodríguez, Secretaria General de Podemos en Andalucía, que también apoya a los concejales y los activistas sin paliativos. «Algún día en el futuro nos acordaremos con vergüenza de cómo en este país se echaba a las familias a la calle mientras había 3,4 millones de viviendas vacías, quienes se jugaron el tipo para cambiar esta injusticia serán homenajeados y recordados», sentenció Rodríguez.

Los concejales reconocen que su presencia allí tenía más que ver con su conciencia ciudadana que con su condición de cargo público. Los concejales de «Por Cádiz sí se Puede» reconocen que la lucha contra los desahucios, las mareas contra los recortes o las huelgas generales contra el retroceso de derechos laborales han formado y formarán parte de su ADN y del de la formación política a la que pertenecen. Fue esa misma conciencia la que les llevó a dar el paso de asumir la responsabilidad pública que ahora tienen por delante al frente del Ayuntamiento de Cádiz, según han reconocido miembros de la formación en varias ocasiones desde que se presentaron a las elecciones.

Los activistas que comparecerán el martes entienden que no cometieron ninguna ilegalidad a las puertas de la casa de Benjumeda sino que trataban de evitarla. Recuerdan que quien incumple la ley es el Gobierno de España que no respeta las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que en varias ocasiones lo han condenado por incumplimiento sistemático de compromisos firmados por el propio Estado español en materia de Derechos Humanos. Tal y como recordaba Amnistía Internacional esta semana en su informe «Derechos desalojados», las autoridades españolas «han incumplido todas las obligaciones internacionales sobre el derecho a la vivienda».

Por su parte, José María González y su nuevo gobierno ultiman un protocolo antidesahucios que pretenden ofrecer para su coordinación con la Oficina antidesahucios de la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía y el Juez Decano de Cádiz. «Parar desahucios no es pagarle durante 10 días una pensión a una familia como hacía el PP, no es una cuestión de asistencia social, sino de garantía en el ejercicio de los derechos presentes en la Constitución con la que en no pocas ocasiones se llenan la boca algunos y que en muchos casos han sido papel mojado para demasiados gaditanos, como el derecho al trabajo o a la vivienda. Llamamos a esa mayoría de gaditanos que lo está pasando mal a no ser más una mayoría silenciosa.»