Intentan agredir con un arma blanca a una médico de Chiclana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Cádiz, ha denunciado esta mañana el intento de agresión a una médico en una consulta del Servicio de Urgencias de La Longuera de Chiclana en días pasados. Tal y como explica el sindicato, la médico fue amenazada por un paciente con un arma blanca.

Sin embargo, «afortunadamente, la profesional pudo salir de la consulta sin sufrir daños físicos». CSIF ha aprovechado para denunciar la inseguridad que experimentan los profesionales del Servicio Andaluz de Salud gestionado por la Junta de Andalucía por la ausencia de medidas de seguridad. Por ello, ha recordado «la necesidad de aportar vigilantes de seguridad en este centro, de gran demanda en el municipio y alto grado de conflictividad, que puedan socorrer en los primeros momentos a cualquier profesional o usuario que lo necesite».

Igualmente, el sindicato ha denunciado la indefensión que sufren los profesionales del citado centro ya que también «siguen sin contar con un sistema de alarma que les permita pedir auxilio en situaciones extremas como la vivida por esta médico recientemente». Ante esta situación CSIF ha mostrado su voluntad de asesorar y atender «psíquica y psicológicamente» a los trabajadores aunque ha remarcado que es «responsabilidad del SAS, que es quien debe poner todos los medios a su alcance para evitar las agresiones y ataques a los profesionales».

Aunque ha remarcado que no era su intención justificar la violencia, CSIF sí considera que estos actos de violencia «se deben, en algunas ocasiones, a las enormes colas y tiempos de espera que tienen que aguantar los usuarios debido a los injustos recortes que, constantemente, está llevando a cabo la Administración andaluza».

Por su parte, la Delegación Provincial de Salud ha condenado «cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones». Igualmente, ha recordado que «la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión».

Por último ha defendido su atención y defensa a los profesionales médicos, al recordar que «el SAS pone a disposición de sus trabajadores un plan de prevención con el objetivo prioritario de reducir las posibles agresiones incorporando, además de un protocolo de actuación con asistencia jurídica y apoyo psicológico, una serie de herramientas tales como cursos de formación en manejo de situaciones conflictivas, adaptaciones de locales y ubicación de profesionales y análisis de las incidencias que se producen, entre otros». Sin embargo, ha eludido valorar la situación concreta de seguridad que tienen los trabajadores del centro de La Longuera.